En el mundo, la agricultura industrial es quien provee la mayoría de los alimentos que llegan a las mesas del consumidor final, por ese motivo, los productores industrializados agrupados en instituciones sectoriales cúpula, tal como lo es el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), manifiestan que las decisiones gubernamentales están acabando con el agro mexicano, por lo que demandan la intervención urgente del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que los productores del campo y del mar mexicanos puedan seguir produciendo alimentos para toda la población y poder lograr la tan anhelada autosuficiencia alimentaria.
El Gobierno de México, en detrimento de los intereses de los productores mexicanos publicó en el DOF del pasado 29 de mayo, un acuerdo con el que elimina diversos estímulos que limitan la productividad, la competitividad y la rentabilidad del sector agroalimentario mexicano, lo cual pone en peligro la producción de alimentos y la seguridad alimentaria”, justo cuando en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se anuncian apoyos históricos por más de 19 mil millones de dólares para sus productores agroalimentarios para mitigar los impactos de la crisis económica global que estamos viviendo (por el coronavirus), en México se toma una decisión exactamente contraria eliminando estímulos que tendrán un impacto negativo para el sector agroalimentario del país, lo que derivará en una mayor dependencia de las importaciones en materia alimentaria.
En ese sentido, el recorte al Presupuesto de Egresos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para este 2020 fue equivalente al -27.5 por ciento respecto al del año 2019, y en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación entregado a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación en el Ejercicio Fiscal 2021, se vislumbra la desaparición del Programa de Fomento ganadero y del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra, con lo cual, podemos afirmar que la ganadería mexicana entra en un estado crítico que llevará a su eventual desaparición.
Además de la eliminación de esos programas y reducción de recursos a otros, se prevén recortes adicionales como la desaparición de apoyos para el seguro agropecuario, para esquemas de mitigación de riesgos, y fideicomisos como el Fondo Nacional de Garantías (FONAGA), que ha sido un promotor del financiamiento para el sector agroalimentario, precisamente beneficiando a pequeños productores.
Adicionalmente, el actual gobierno desapareció el estímulo fiscal en los sectores pesquero y agropecuario a partir de junio de este año; para el caso del estímulo al diésel pesquero, argumentando que el mecanismo actual es ineficiente y no beneficia directamente a los pescadores, acuicultores de menores recursos y para el caso del estímulo del diésel agropecuario se elimina debido a que no se han establecido los mecanismos de implementación necesarios para su operación”.
Hemos insistido desde este espacio que la producción de alimentos y el impulso a la producción primaria debería ser un tema de seguridad nacional para el Gobierno de México; sin embargo, nos queda claro que estas políticas no se logrará proveer de alimentos a la población, por el contrario, se frena su producción, así como la generación de empleos en el sector, que tanta falta hacen, no promueve la generación de divisas y derrama económica para nuestro país, mucho menos combate la pobreza y genera mayor bienestar para las familias mexicanas, como promueve en su discurso, el Presidente López Obrador, por lo cual, sin duda, una vez más, el dicho presidencial se queda muy lejos de la realidad que enfrentan los productores, los cuales, no pueden convertirse en el aliado natural de la población, padeciendo ambos, las políticas públicas de la 4T que condenan al sector a naufragar en esta pretendida (y mal entendida, austeridad).