Las porquerías del tabasqueño no tienen para cuando acabarse. 

Gracias a que es terco, tozudo, no se vislumbran para pronto. 

Sin lugar a dudas que el trabajo de David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, no tiene desperdicio. 

De entrada, para eso se alquiló, para supervisar la correcta aplicación de los dineros públicos, así de sencillo y por supuesto que los resultados a muchos no les agradan, como en este caso al dueño de “La Chingada”. 

Pero veamos lo que nos dice la ASF, eso que encontró en las tres auditorías que llevó a cabo a dicho programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

Lo detectado va desde irregularidades en el diseño, operación y resultados de dicho programa hasta la no determinación ni en qué medida se acrecentó la empleabilidad y la inserción en el mercado profesional para los muchachos entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, que recibieron los adiestramientos acompañados de una subvención. 

De igual forma se encontraron anomalías que evidenciaron otorgamiento de becas a Servidores de la Nación, se ubicaron centros de trabajo “fantasma” y bases de datos poco confiables que repercutieron en el padrón de beneficiarios. Cómo la ve. 

La inicial auditoría de desempeño mostró que el programa durante ocho meses careció de una unidad garante explícitamente instaurada para su diseño, operación y seguimiento, y los lineamientos elaborados para regular su operación se desempeñaron con el 50 por ciento de los requerimientos forzosos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En la segunda auditoría de observancia, el organismo que encabeza Colmenares Páramo, descubrió insuficiencias en la inspección de los recursos ejecutados por la STPS, por lo que se determinó que son 9 millones 662 mil pesos lo que están pendientes de aclarar por la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Lujan. 

De igual forma la STPS no certificó que se cedieron “indebidamente” subsidios a 47 becarios por 507 mil pesos que recibieron ingresos y que también están matriculados como “Servidores de la Nación”, ya que son personal administrativo que auxilia y apoya en la ejecución de los programas sociales de bienestar y que actualmente son parte de las cuadrillas de inoculación. 

La secretaría donde despacha Luisa María, valiéndole madre, no verificó que 33 mil 909 becarios se localizaron trabajando en una dependencia o entidad de la Administración Pública y/o en empresas del sector privado durante el periodo de su capacitación del programa, ni supervisó la ubicación de los becarios en entidades públicas y privadas que tienen desde 40 hasta más de 7 mil becarios. Chulada. 

En la tercera auditoría de cumplimiento se encontraron pagos de becas a beneficiarios que ya eran difuntos, aun cuando ya habían fallecido se les continuaba pagando y también la ASF detectó inconsistencias en los Centros de Trabajo reconocidos como domicilios destinados para el adiestramiento abandonados y casos de usurpación de datos de las empresas que realizaron actividades de capacitación. 

Por lo mientras, la Auditoria Superior de la Federación decretó que la dependencia a cargo de Luisa María debe explicar, entre otras cifras, donde andan 57 millones de pesos debido a que no se detallaron los mecanismos de control y operaciones para legalizar y verificar la información y documentación figurada y adherida en la Plataforma Digital del programa por parte de los solicitantes y beneficiarios del programa, así como de quienes participaron como centro de trabajo. 

Este es el gobierno de la esperanza. 

Aquí una muestra más que eso de no traicionar, no mentir y no robar, no es otra cosa que pura succionada del señor López. 

El 6 de junio ya está a la vuelta de la esquina, allí se verán los resultados, allí se verá que el nivel de aceptación ya no se parece, pero ni tantito. al del 2018. 

Provecho.