¡Blindaje de risa!
Roque Castillo, alcalde de Alto Lucero contrata fianza de apenas 100 mil pesos «por si roba o comete fraude»
* La póliza contempla robo, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y peculado por parte de funcionarios municipales
* El alcalde, el tesorero y el cajero aparecen cubiertos por 100 mil pesos cada uno, con un límite global de 300 mil
Ricardo Siliceo
Alto Lucero, Ver., 17 de noviembre de 2026.- ¿Cuánto vale la confianza en quienes manejan el dinero público de Alto Lucero? Según una póliza contratada por el Ayuntamiento que encabeza Roque Castillo Castillo, la respuesta es de apenas 100 mil pesos por funcionario. Esa es la cantidad establecida como garantía ante posibles daños patrimoniales derivados de delitos como robo, fraude o peculado cometidos por los servidores públicos incluidos en el documento.
La medida, presentada en una fianza de fidelidad, despierta cuestionamientos por el reducido monto de la cobertura frente a los recursos que administra el gobierno municipal. La póliza también resulta llamativa porque contempla al propio alcalde entre los funcionarios cuya eventual responsabilidad patrimonial busca respaldar.
La póliza número 26F00664, expedida el 1 de enero de 2026 por Dorama Institución de Garantías, S.A., identifica al Ayuntamiento como beneficiario y establece una cobertura individual de 100 mil pesos para Roque Castillo Castillo.
De acuerdo con las condiciones descritas en el documento, la garantía está relacionada con la reparación del daño patrimonial derivado de delitos dolosos cometidos por los funcionarios afianzados contra los bienes públicos.
En otras palabras, se trata de una cobertura que podría hacerse efectiva si se acreditan los supuestos previstos en el contrato y se cumplen sus condiciones. No significa que el alcalde haya cometido alguno de esos delitos, pero sí abre una discusión sobre la suficiencia de los mecanismos de protección de los recursos municipales.
Porque si el patrimonio público llegara a sufrir un daño de varios millones de pesos, una garantía de 100 mil pesos difícilmente representaría una respuesta proporcional a la magnitud de una afectación de esa naturaleza.
La póliza colectiva también incluye al tesorero municipal, Daniel Zahit Castillo Aguilar, y al cajero, César Said Jiménez Aguilar, cada uno con una cobertura de 100 mil pesos.
En conjunto, el límite global asciende a 300 mil pesos para los tres servidores públicos.
La cifra plantea una interrogante inevitable: ¿es suficiente esa cantidad para proteger las finanzas de un Ayuntamiento y ofrecer garantías razonables sobre el manejo de los recursos públicos? La respuesta requiere considerar el presupuesto municipal, los alcances del contrato y los riesgos que efectivamente cubre.
Otro aspecto cuestionable es la ruta que tuvo que seguir la solicitud para obtener la póliza. Según los antecedentes del caso, el Ayuntamiento no entregó el documento en respuesta a la petición inicial, identificada con el folio 950541626000046.
Fue necesario interponer un recurso de revisión ante las instancias de transparencia para que la administración municipal proporcionara la información, lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2026.
La resistencia inicial a entregar un documento relacionado con la protección del patrimonio público abona a las dudas sobre la apertura de la administración frente al escrutinio ciudadano.
En otro expediente, al ser cuestionado sobre posibles conflictos de interés entre la Presidencia Municipal y la Tesorería, Roque Castillo respondió por escrito que la legislación no lo obliga a emitir una constancia autónoma de inexistencia de conflicto de interés por asumir el cargo.
El alcalde afirmó que adjuntaba un formato interno para identificar posibles conflictos; sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, ese documento no apareció en el expediente público entregado.
La ausencia impide revisar el contenido del formato referido y conocer qué información contiene sobre este asunto.
Por ahora, la póliza no demuestra que los funcionarios hayan cometido irregularidades, pero sus montos, las condiciones de contratación y los obstáculos iniciales para acceder al documento justifican preguntas legítimas sobre la transparencia y la protección de las arcas municipales. En Alto Lucero, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué garantías existen para cuidar su dinero y si estas son suficientes frente a los riesgos que pretenden cubrir.


