Vinculan a proceso a cuatro personas por posesión de drogas en Orizaba

* Permanecerán internos en un penal durante el desarrollo del proceso

* Ciudadanos cuestionan eficacia de seguridad local

De la Redacción

Orizaba, Ver., 3 de octubre de 2025.- Luego de que un juez de control vinculó a proceso a cuatro individuos, identificados como Micaela “N”, Elibeth “N”, Efraín “N” y Joel “N”, por su presunta participación en el delito contra la salud en forma de posesión de estupefacientes, ciudadanos de Orizaba han señalado que hace falta reforzar la seguridad en el municipio.

La detención se realizó durante un cateo autorizado y ejecutado por la Policía Ministerial en la colonia Francisco Ferrer Guardia, donde los imputados fueron sorprendidos con presuntas drogas en su poder.

Luego de que la Fiscalía Regional de Córdoba presentó los datos de prueba, el juez determinó que existen elementos suficientes para vincularlos a proceso en el marco de la carpeta de investigación 296/2025. Además, decretó la prisión preventiva oficiosa para los cuatro, por lo que permanecerán internos en un penal durante el desarrollo del proceso.

El cateo, realizado con participación de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y la SSP Estatal, permitió el aseguramiento de narcóticos, armas, cartuchos, dinero en efectivo, equipos de comunicación, motocicletas y otros objetos vinculados con actividades delictivas.

Por su parte los habitantes dijeron que a pesar de que el alcalde Juan Manuel Diez Francos ha destacado en repetidas ocasiones la adquisición de patrullas de última generación, motopatrullas, certificaciones internacionales y el respaldo del C5, Orizaba aún no puede ser considerada una ciudad segura, pues comentan persisten deficiencias en materia de seguridad y exigen acciones contundentes para contener la creciente ola delictiva.

Dijeron que el caso de la colonia Francisco Ferrer Guardia resulta ilustrativo, pues pese al monitoreo permanente de las cámaras del C5, el movimiento delictivo no fue detectado por las autoridades locales, sino que requirió la intervención de corporaciones estatales y federales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad y capacidad de respuesta de la policía municipal.