ASF escarbará hasta el fondo de INE y los OPLE; detectan vínculos con funcionarios

excelsior.com

CDMX, 31 de octubre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las operaciones del INE y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de 2014 a 2026, la cual alcanza a empresas, proveedores y servidores públicos.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó ante comisiones de la Cámara de Diputados que ya envió 32 oficios a los gobernadores para solicitar información del Ramo 28 y reconstruir el comportamiento financiero desde el año 2000, a fin de detectar conflictos de interés y desarticular la simulación de empresas con sobreprecios.

Se identificó que dos grupos empresariales acapararon 8 mil 870.3 millones de pesos con entidades públicas, de los cuales 3 mil 790.3 millones correspondieron a los OPLE.

El esquema incluyó operaciones entre sociedades de los mismos grupos, subcontratación cruzada, uso de factureras por 21.3 millones de pesos y firmas con menos de cinco trabajadores o sin personal.

Las primeras denuncias derivadas de estas auditorías se presentarán a más tardar en febrero. Tras los hallazgos, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, arremetió contra la expresidenta del INE asegurando que “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”.

Previamente, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, detalló que hay 18 expedientes abiertos y cinco funcionarios imputados por faltas graves en la gestión de Taddei. Entre las anomalías figura el contrato INE-007-2025 para urnas y mamparas —de 165 a 198 millones de pesos—, adjudicado directamente con un sobreprecio de 26 millones de pesos sobre la propuesta de Talleres Gráficos de México y donde, ante retrasos el INE, cobró apenas 26 mil pesos de pena frente a los 40 millones calculados.

Asimismo, en Sonora, el presidente del IEES, Nery Ruiz Arvizu, admitió contratos con Cajas Graf S.A. de C.V., pero rechazó que exista conflicto de interés o motivo para separarse del cargo.

Abren investigación contra INE y 32 OPLE; ASF indaga 9 mil mdp en contratos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones corresponden a organismos electorales locales.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que la ASF abrió una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos y en las operaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que alcanza “a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.

Al presentar ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025, aseguró que, con las nuevas facultades de fiscalización, la ASF puede examinar 100% del gasto de las instituciones, y que el INE “no es la excepción”.

Dijo que las indagatorias se coordinan con otras instancias, incluido el Órgano Interno de Control del INE, “para llegar hasta las últimas consecuencias”.

ASF detecta vínculos entre empresas y funcionarios
Hernández Palacios detalló que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con firmas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por operar con factureras, por 21.3 millones de pesos. Otra de las empresas está suspendida en el padrón de importadores.

También se observaron operaciones entre sociedades de los mismos grupos, como la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en la licitación.

Y que también hay registros laborales reducidos o nulos, en los que firmas que facturan cientos de millones con menos de cinco trabajadores y, en algunos casos, ninguno.

El auditor afirmó que los análisis de inteligencia identificaron redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre servidores públicos y distintas empresas. No dio los nombres de los grupos.

Otra línea apunta a posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar las adjudicaciones, con efecto en precios y condiciones.

Estamos haciendo un análisis de las posiciones de mercado que utilizan estos grupos, que les permiten tener ganancias extraordinarias”, explicó.
Oficios
El auditor aseguró que el pasado jueves, la ASF envió 32 oficios a los gobernadores para pedir información sobre las participaciones federales que reciben los OPLE.

El objetivo, afirmó, es “reconstruir el comportamiento financiero de estos organismos desde el año 2000”, en particular el Ramo 28, y determinar qué bienes y servicios contrataron y si hay diferencias injustificadas en los precios pagados.

La ASF desarrolla un esquema de inteligencia para identificar nexos entre funcionarios y particulares que intervinieron en nombramientos, contrataciones o en el destino del presupuesto electoral.

Cuestionado sobre dirigentes de partidos, no descartó revisarlos si hay indicios de que participaron en operaciones irregulares.

Las primeras denuncias derivadas de las auditorías integrales se presentarán a más tardar en febrero; las de las investigaciones en curso, conforme se acrediten los elementos.

No importa quién haya cometido una irregularidad, qué cargo ocupe o a qué institución pertenezca: si existen elementos para investigar, la ASF actuará conforme a la ley”, enfatizó.
Prometió independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso. “Nuestro compromiso es actuar sin distinciones, sin privilegios y sin encubrimientos”, sostuvo.

El diputado del PAN, Miguel Ángel Guevara, pidió que los resultados sean públicos, que se dé aviso a la UIF, al SAT y a la FGR, y que se ponga fin a las licitaciones a modo con sobrecostos.

Imputan a cinco del INE por red de corrupción
Cinco servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron formalmente imputados por presuntas faltas administrativas graves, en el marco de las investigaciones sobre una posible red de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, detalló que hay 18 expedientes abiertos, 13 de ellos en investigación y 25 vistas al área de investigaciones.

Aclaró que no hay resoluciones definitivas, pero los cinco casos pasaron a procedimiento de responsabilidad administrativa y los señalados fueron notificados para defenderse. Si las faltas son graves, el expediente irá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; las no graves las resuelve el propio OIC.

Expuso presuntas anomalías en contratos de material electoral, conflictos de interés, simulación de competencia entre proveedores, deficiencias para comprobar servicios y una posible reducción irregular de penalizaciones. Entre las conductas mencionó desvío de recursos, abuso de funciones, daño patrimonial y faltas de particulares.

Uno de los casos más delicados es el contrato INE-007-2025, de urnas y mamparas para el proceso extraordinario, con monto de 165 a 198 millones de pesos. La adjudicación directa fue 26 millones más alta que la propuesta de Talleres Gráficos de México y habría habido manipulación de la mediana de precios para favorecer a una empresa.

Otra participante añadió a su objeto social artículos electorales tres días antes de la licitación. Por los retrasos, el OIC estimó una pena de más de 40 millones de pesos; el INE cobró 26 mil.

En el contrato 66-2023, por 48 millones 569 mil 782 pesos, con Comercializadora Ghibli, para el voto electrónico desde el extranjero, la declaración fiscal y la opinión de cumplimiento correspondían a otras empresas. “Se hizo pasar por otra empresa”, resumió. Recursos Materiales no consultó al SAT y el IMSS informó que los registros patronales estaban dados de baja.

Carvente calificó el problema del material electoral como “histórico y estructural”, pues los mismos proveedores dominan el mercado, también en los organismos locales.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Herrera Borunda, advirtió que la comparecencia no era “una cacería de brujas”, pero tampoco un mero trámite. La diputada de Movimiento Ciudadano Claudia Gabriela Salas le entregó el reportaje de Excélsior sobre presuntos cobros de diezmos a trabajadores del INE.

La panista Kenia López Rabadán le preguntó por qué el OIC no detectó las contrataciones antes que la prensa, si hay vínculos con Taddei o con proveedores, y qué medidas cautelares pidió.

¿De verdad no nos pudo advertir de este cochinero?”, cuestionó.
Carvente defendió su gestión: en 18 meses formuló 3 mil 307 recomendaciones en 27 auditorías, frente a 2 mil 776 en 194 del periodo previo; el promedio pasó de 14 a 112 por revisión. Reconoció que las revisiones no cubren todas las contrataciones y estimó un ahorro potencial de 3 mil millones de pesos. No precisó si hay investigaciones directas contra Taddei ni si hay denuncias ante la FGR o la Comisión Nacional Antimonopolio.

Reconocen tratos con el clan Taddei
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Nery Ruíz Arvizu, reconoció ayer que éste OPLE tiene contratos con la empresa Cajas Graf S.A. de C.V.; sin embargo, negó que exista un conflicto de interés, además dijo que no renunciará al cargo para ser investigado, como han solicitado el PRI y el PAN, en manifestaciones y solicitudes de investigación ante el INE.

En conferencia de prensa, sostuvo que no existe ningún señalamiento concreto que justifique su separación y negó irregularidades relacionadas con empresas proveedoras de material electoral.

La dirigente del PRI, Guadalupe Soto y el representante ante el instituto electoral local, Luis Donaldo Coronado, formalizaron una denuncia ante el INE para solicitar que el OPLE entregue y publique los contratos de compra de materiales electorales, para que los conozca la población.

Además, insistieron que el organismo electoral de Sonora no ha hecho públicos los contratos.