Apuestan 1 bdp para consolidar sistema de salud

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CDMX, 13 de septiembre de 2026.- Con un presupuesto de 1.666 billones de pesos y la promesa de “cero rechazos”, el gobierno federal alista el arranque del Servicio Universal de Salud a partir de 2027.

Sin embargo, la brecha entre la bolsa de recursos y las carencias cotidianas de personal, insumos y medicamentos en los hospitales plantea el desafío de transformar el papel en atención efectiva.

Y es que en los recursos contemplados en los ramos 12 y 56 del Paquete Económico 2027, cuya ruta de discusión se planteará mañana en la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, se busca fortalecer al IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE.

Lo anterior, mediante la ampliación de la infraestructura médica, garantizando atención independiente de la condición de derechohabiencia y mejorando el abasto de medicamentos, como parte de la primera etapa del denominado servicio universal, que se prevé arranque el 1 de enero de 2027.

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Para fortalecer al IMSS-Bienestar se prevé destinar 193 mil 987.2 millones de pesos, presupuesto que será el principal soporte para ampliar la cobertura médica en las zonas rurales y urbanas con mayores necesidades.

A ello se suman 828 mil 506.4 millones de pesos para el IMSS e ISSSTE, recursos que, de acuerdo con el planteamiento presupuestario del gobierno federal, permitirán mejorar los servicios médicos, reducir tiempos de espera y modernizar hospitales.

Medicamentos, el otro frente
El abasto de medicamentos será uno de los principales retos de la estrategia de “cero rechazos”.

Para este propósito se proyecta destinar  124 mil 788.6 millones de pesos, que permitan garantizar la disponibilidad de más de 3 mil 500 claves de medicamentos, vacunas, reactivos y dispositivos médicos esenciales.

Además, se busca  fortalecer la producción nacional y mejorar los sistemas de almacenamiento, logística y distribución, con la continuidad de las Rutas de la Salud, mecanismo mediante el cual se distribuyen medicamentos a centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar en el país.

De acuerdo con el documento presupuestario, durante 2026 este esquema permitió distribuir 160 millones de piezas de medicamentos en más de 8 mil centros de salud y 646 hospitales de 23 entidades incorporadas al Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar.

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El Gobierno reporta también niveles de abasto superiores a 90% en las 56 unidades oncológicas del IMSS-Bienestar.

Asimismo, se prevé aumentar la capacidad instalada con la “construcción, ampliación y modernización de hospitales, clínicas y unidades de medicina familiar” en zonas de difícil acceso y de alta marginalidad, como son comunidades rurales e indígenas o que concentran a población afromexicana.

La inversión, se asegura en el documento,  “permitirá acercar servicios médicos”  en esas regiones.

Una red pública única
La estrategia de “cero rechazos” está vinculada con la puesta en marcha del Servicio Universal de Salud, cuyo propósito es avanzar hacia una red pública conectada e interoperable.

El esquema contempla la participación del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, hospitales y unidades médicas de Pemex, Hospitales Federales de Referencia e Institutos Nacionales de Salud, además de “otras instituciones públicas que decidan incorporarse”.

El intercambio de servicios, que s echará a andar a partir del 1 de enero del próximo año  será progresivo y deberá realizarse bajo criterios de sostenibilidad financiera y operativa.

Las instituciones participantes deberán prever dentro de sus presupuestos los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera y la prestación de los servicios.

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Para  ello “los ejecutores de gasto deberán asignar, con cargo a su presupuesto autorizado y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, una previsión de recursos del programa presupuestario que establezca la Secretaría, para que posteriormente, realizar las erogaciones que se generen con motivo de la operación del Servicio Universal de Salud”, se lee en el Anexo 34 del proyecto de Decreto de la Ley de Egresos, para el ejercicio fiscal 2027.

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La apuesta es que una persona pueda recibir atención en una institución pública distinta a aquella a la que originalmente está afiliada, sin que su condición de derechohabiente se convierta en una barrera para recibir servicios médicos.

El reto de las clínicas
El desafío será que los recursos lleguen efectivamente a las unidades médicas y se traduzcan en médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, equipo e infraestructura suficiente para atender una demanda que podría incrementarse con la eliminación de la barrera de la derechohabiencia.

Bajo la lógica de “cero rechazos”, una persona sin seguridad social podrá acudir a una clínica u hospital público y solicitar atención, aun cuando la unidad enfrente saturación, déficit de personal o insuficiencia de medicamentos e insumos.

A la fecha, en comunidades rurales y zonas con alta demanda de servicios, pero también en áreas urbanas y colonias populares,  se han reportado limitaciones para contar con material médico, herramientas y medicamentos suficientes.