Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Orizaba, Ver., 30 de enero del 2024.- Debido a que en el pasado se han propuesto a culpables de violencia de género para competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público al no contar con una reglamentación que limitará esto, existe confianza en el nuevo marco jurídico de la Ley 3 de 3, expuso la integrante del colectivo Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta.

En entrevista la activista recordó que en mayo pasado el Senado de la Republica eleva a rango constitucional esta ley que prohíbe ocupar cargos de representación popular o ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias

“Tenemos que recordar que la Ley 3 de 3 está vigente, por lo que solo se espera que haya voluntad de los organismos que se encargan del tema electoral para que la apliquen y se impida a esos hombres contender en las próximas elecciones”.

Aunque expuso que por parte del Colectivo Marea Verde Altas Montañas no se está realizando un seguimiento de que se cumpla esta ley en las próximas elecciones, al estar enfocado en este momento en otras problemáticas de la región, aseguró que hay diversas “colectivas” que si estarán revisando que no se trasgreda esta legislación.

«La verdad es que nosotras, como colectivas, Marea Verde en específico, estamos atendiendo una problemática que es la violencia hacia las mujeres en otros rubros y la atención de la interrupción del embarazo, no nos estamos enfocando al tema de la violencia política”, dijo.

De igual forma recordó que la violencia en la entidad es una problemática grave y hasta ahora no se han visto acciones concretas por parte de las autoridades para su combate, tan es así que en el estado se espera el decreto de la tercera alerta por violencia de género, ante la desaparición de mujeres, la cual se solicitó desde hace cinco años, pero trámites burocráticos lo han impedido.