Y es el gobierno del El Salvador el que mantiene la exigencia de justicia para sus ciudadanos en el caso del incendio ocurrido en una central de retención de migrantes en Ciudad Juárez a cargo del INM que encabeza Francisco Garduño. Y para ese propósito, nos hacen ver, claramente han exigido dos cosas: ceses y cárcel. Ayer, luego de que se informara que siete de las víctimas que fueron identificadas como de nacionalidad salvadoreña fueron ya repatriadas, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de ese país, Cindy Portal, advirtió: “Estamos exigiendo la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México”. Ya hace unos días, la misma funcionaria del gobierno de Nayib Bukele acusó que lo ocurrido con los indocumentados fue un “crimen de Estado”. Ayer agregó su exigencia de prisión. Uf. | Se lee en “Rozones” de La Razón.
