Quien no se cansa de abrir frentes, nos aseguran, es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que ahora tiene encima a las universidades privadas de la entidad, luego de que la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso estatal aprobaran una nueva ley de educación que abre la posibilidad de que el gobierno estatal imponga sanciones, por ejemplo, retener documentos por negarse a prestar el servicio educativo o por temas relacionados con las cuotas, aunque el punto más polémico tiene que ver con lo que pudiera significar que los inmuebles sean parte del Sistema Educativo Estatal. Por lo pronto, rectores y directores de diversas instituciones alistan amparos para impedir su aplicación que consideran inconstitucional. | Se lee en “Rozones” de La Razón.
