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Su muerte pudo ser una más, otra entre las miles de mujeres que son asesinadas cada año en México.
Pero el feminicidio de Ingrid Escamilla el pasado domingo no pasó por alto: el crimen, presuntamente perpetrado por la pareja de la joven, generó una inusitada ola de indignación que ha salpicado incluso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Las redes sociales fueron la plataforma inicial para los cuestionamientos y luego, el viernes y este sábado, miles de personas salieron a las calles de la capital mexicana y otras ciudades para exigir justicia para las mujeres en un país donde solo en 2019 fueron asesinadas cerca de 4.000 de ellas.
Las protestas llegaron hasta el Palacio Presidencial, donde colectivos feministas pintaron letreros y lanzaron encendidos reclamos.
La conmoción por el asesinato de la joven de 25 años se disparó desde inicios de semana cuando varios tabloides mexicanos publicaron fotos en sus portadas en las que se apreciaba el cuerpo desmembrado de Escamilla, acompañado de titulares sensacionalistas.
Desde entonces, varias organizaciones de derechos humanos y activistas han llamado a no compartirlas y han pedido, en cambio, publicar fotos de paisajes con hashtags asociados a Escamilla para que, quienes busquen su nombre en las redes sociales, encuentren imágenes menos terribles que las de su muerte.
En un país donde al menos 10 mujeres son asesinadas cada día, según estimaciones oficiales, las reacciones por la muerte de la joven no han dejado de sorprender a algunos sectores.
¿Qué ha cambiado ahora para que miles de mexicanos se lancen otra vez a las calles para condenar a viva voz la violencia de género?
El hartazgo social
Lucía Lagunes, directora de la asociación civil «Comunicación e Información de la Mujer AC» (CIMAC), especializada en temas de género, considera que el asesinato de Escamilla hay que entenderlo en un contexto en el que la violencia de género se ha vuelto un fenómeno cada vez más extendido en México.
«En las reacciones ante este caso inciden varios factores acumulativos que van desde el incremento de los feminicidios en los últimos años en México a la incomodidad ante la falta de políticas públicas que ayuden de forma efectiva a combatir la violencia de género», asegura a BBC Mundo.
Según datos oficiales, los asesinatos de mujeres en el país en los últimos cinco años han crecido un 137%.
Sin embargo, organizaciones civiles creen que el número es mayor, dado que estos crímenes no siempre se denuncian o son tipificados como feminicidios.
Para que se tenga una idea, de los casi 4.000 asesinatos de mujeres reportados el año pasado, solo 976 se consideraron feminicidios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, la experta reconoce que el tema de los feminicidios sigue siendo controversial en un país donde el machismo es imperante.
La división en ese sentido también se ha mostrado en las redes sociales: el viernes, mientras se hacía tendencia etiquetas que condenaban los feminicidios en México, también se hacían populares otras que cuestionaban las marchas o promovían comentarios violentos contra las mujeres.
Los contextos
Edith López, una abogada especializada en temas feministas, le dice a BBC Mundo que para entender la indignación que ha provocado el caso es preciso comprender también los contextos en los que se dio.
«El asesinato de Ingrid se da un momento en el que el movimiento feminista en México no solo se ha consolidado sino que también han ocurrido acciones a nivel de gobierno que han llevado a muchas a fortalecer su lucha», indica.
Entre ellos menciona la intención de la Fiscalía de México de cambiar la forma en que se investiga el feminicidio.
En fechas recientes, el fiscal general Alejandro Gertz anunció el deseo de su cartera de modificar la tipificación de feminicidio y solo mantener la de homicidio -que incluiría indistintamente los delitos contra hombres y mujeres- en el código penal.
La versión oficial indica que esto responde a que en la ley actual se deben cumplir más condiciones para judicializar un caso como feminicidio que como homicidio, lo que hace más lentala justicia para las mujeres.
Sin embargo, López considera que la tipificación de este crimen es una de las bases para seguir visibilizando lo que ocurre e incluirlo en la forma de homicidio reduciría la posibilidad de implementar políticas expresamente dirigidas a combatirlo.
Los medios en la mira
Según Lagunes, otro elemento que generó controversia no solo estuvo asociado a la brutalidad del crimen (el presunto asesino intentó desollar el cuerpo de su víctima), sino también a la forma en la que algunos medios locales presentaron lo sucedido.
«Parte de la indignación se debe al tratamiento mediático que se dio al caso: se publicaron imágenes bastante violentas, morbosas, de una crueldad muy grande del cuerpo de Ingrid, lo que no solo lleva a cuestionar a los periódicos que lo hicieron, sino a las autoridades que se las facilitaron», opina.
Mientras el diario La Prensa titulaba «Descarnada» junto a tres fotos que ocupaban toda la portada: una del detenido, otra del cuerpo de la víctima y una más del edificio de departamentos donde vivían.
En este sentido López recuerda que la policía y la Fiscalía mexicana han recibido en varias ocasiones recomendaciones de varios organismos de derechos humanos por filtrar fotos o información de crímenes o delitos a tabloides sensacionalistas y otros medios, lo que, en su criterio, puede afectar las investigaciones.
«Este caso puso en evidencia otra vez la mala actuación de la policía al filtrar estos contenidos que no solo revictimizan a la víctima y alientan el morbo y el odio sino que también pueden afectar el debido proceso y contribuir finalmente a la impunidad del agresor», opina.
La Fiscalía General de Justicia de la capital anunció que al menos seis personas, entre policías y fiscales, estaban siendo investigadas por la filtración de las imágenes, que también comenzaron a circular ampliamente por las redes sociales.
Políticas deficientes
De acuerdo con López otro de los elementos a tener en cuenta es que el caso dejó en evidencia las debilidades de las políticas existentes en México para proteger a las mujeres cuando son víctimas de la violencia de género.
«Este caso muestra que las políticas que existen de protección para la mujer no sirven para nada: Ingrid había denunciado antes de su asesinato que era víctima de una amenaza y no pasó nada. Las autoridades no hicieron una valoración de riesgo. Tuvo que volver a la casa donde la esperaba su asesino», indica.
«Este caso demuestra que las órdenes de protección hacia la mujer son más que un papel y que las autoridades no toman acciones concretas cuando se presenta una denuncia. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede hacer una mujer para salvar su vida cuando es víctima de una amenaza?», agrega.
Las analistas consultadas por BBC Mundo coinciden en que otro de los factores que ha generado mayor controversia es lo que consideran una «respuesta débil» de la presidencia de México ante el caso.
En este sentido, unas declaraciones de AMLO el pasado lunes fueron polvorín para los cuestionamientos en las redes sociales.
Ese día, el mismo que se supo la noticia sobre la muerte de Escamilla, el mandatario, al ser cuestionado sobre los planes de la Fiscalía para cambiar la figura del feminicidio, aseveró que el tema de los asesinatos de mujeres «se había manipulado» por medios críticos de su gobierno.
«Se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos desde luego, los que no nos ven con buenos ojos aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa», dijo durante su conferencia de prensa matutina.
Después, el mandatario presentó un «decálogo contra la violencia», aunque sus críticos opinaron que no diferenciaba en los casos de violencia hacia la mujer.
«El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante», escribió.
Pero, según López, la falta de un pronunciamiento a nivel de gobierno nacional no solo ha llevado a que se haya perdido una posición de condena moral de lo sucedido, sino también una oportunidad de ir más allá de los posicionamientos y plantear cómo planean las autoridades combatir la violencia por cuestiones de género.
«La tibieza con que ha respondido el gobierno ante este crimen atroz ha llevado a muchos a indignarse no solo ante las autoridades, sino ante un sistema que demuestra una vez más poco interés en detener la violencia contra la mujer», opina.
Lagunes, por su parte, señala que las protestas contra el gobierno y el cuestionamiento a sus autoridades muestran que mucha gente ha comenzado a entender que el aumento de la violencia contra la mujer es también una responsabilidad del Estado.
«Uno de los elementos que hace este caso diferente es que para muchos comienza a ser un hecho que al final el Estado es también responsable de estos hechos, hasta tanto no asuma políticas y tome medidas que lleven a evitar que este tipo de crímenes se sigan repitiendo», considera.
