GOLPE POLÍTICO
Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas
Orizaba, Ver., 06 de enero de 2020.- El funcionamiento del llamado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) mantiene en incertidumbre a los sectores de la sociedad, pues al pedir un documento en específico para poder recibir el servicio, dejaría en la indefensión a los indigentes, migrantes y hasta a indígenas, expuso el integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Jairo Guarneros Sosa.
“Sí hay mucha incertidumbre, qué bueno que se reconoce a la salud como un derecho y que no se tiene por qué tener un documento específico o especial para poder acceder nosotros a nuestro derecho y que el Estado tiene una obligación; sin embargo, el hospital civil siempre está saturado y eso que pagaban porque prácticamente nadie se les escapaba sin pagar”.
Mencionó que lo último que se hacía en los hospitales era entregar el cuerpo de una persona fallecida a sus familiares, pero estos no recibían el certificado de defunción, que es necesario para que a la persona la pudieran sepultar.
Hoy, señaló, con esta disposición del gobierno de que nadie paga, es bueno, pero habrá que ver cómo le harán con los medicamentos y cómo se brindará la atención médica.
“Hoy la incertidumbre es de cómo van a funcionar los centros de salud, las unidades médicas rurales y los mismos hospitales civiles que ahora estarán obligados a atender a todos los ciudadanos que no cuentan con IMSS o Issste”.
Pero señaló que impera la discriminación porque se está dejando fuera a los indigentes, a todos los migrantes en tránsito e incluso algunas comunidades indígenas que no cuentan con documentos para poder recibir el servicio.
Consideró que no se puede restringir un derecho como es la salud a una persona que no cuenta con su CURP, credencial del INE o acta de nacimiento, y en el caso de los migrantes es también una cuestión humanitaria.
