¡Se destapó la cloaca!
Verificentros clausurados presentaban irregularidades en su operación, afirmó Casares Sort de Sáenz
* Algunos establecimientos ya retomaron actividades después de cumplir los requisitos legales, mientras otros buscan conseguir su reapertura
Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., 19 de noviembre de 2026.- Eduardo Mario Casares Sort de Sáenz, vocero de la Unión de Concesionarios de Verificentros del Estado de Veracruz, admitió que “sí hay corrupción” en el sector, pero la atribuyó a concesionarios que, según su versión, operan irregularmente, situación por la que la autoridad competente procedió a clausurar temporalmente sus establecimientos por 90 días.
“Hay un grupo de concesionarios que está atacando de forma indebida a funcionarios tanto de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) como de Finanzas y Planeación (Sefiplan) diciendo que les están pidiendo dinero, utilizando para ello el nombre de la Unión”, acusó en conferencia de prensa.
Señaló que, si fueran ciertos los presuntos cobros, los verificentros estarían trabajando y no cerrados por incumplir las normas oficiales y las disposiciones federales y estatales en materia ambiental. Por ello, cuestionó los señalamientos formulados por los operadores inconformes.
El vocero de la Unión informó que más de 60 verificentros fueron cerrados por operar de manera irregular. Algunos ya recibieron autorización para reabrir, luego de cumplir con las disposiciones normativas, por lo que nuevamente prestan servicio a los usuarios.
Destacó que un abogado, quien no cuenta con concesión y se presenta como representante legal del grupo, presuntamente encabeza las presiones contra las autoridades para conseguir la reapertura de los negocios. Sin embargo, insistió en que esto no sucederá hasta que cumplan con la norma oficial mexicana y la Ley Estatal del Medio Ambiente.
Recordó que la suspensión impuesta a los verificentros fue de 90 días y reiteró que a ninguno de los concesionarios integrantes de la Unión le han solicitado dinero para trabajar, en contraste con las acusaciones difundidas por el grupo inconforme.
Expresó que los concesionarios que presionan a las autoridades son más de 60, distribuidos a lo largo y ancho del estado de Veracruz, a quienes, según dijo, les detectaron prácticas indebidas y por ello les suspendieron la concesión para verificar unidades automotoras.
Sobre el escrito que supuestos concesionarios hicieron llegar a la gobernadora Rocío Nahle, Casares Sort de Sáenz sostuvo que es anónimo, pues no incluye nombres, firmas ni pruebas de los presuntos cobros de “moches”. Afirmó que se utilizó el nombre de la Unión y que por ello analizan interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable.
Finalmente, se reservó la identidad del abogado que, aseguró, encabeza estos señalamientos, debido a posibles acciones legales. “Por la cuestión legal que vamos a proceder, pero de que va a aparecer (su nombre) va a aparecer”, expresó. Añadió que, según tiene entendido, la gobernadora instruyó a los secretarios de las dependencias del ramo a revisar la veracidad de las denuncias.