El truene del banco paraguayo y los pagos digitales en México
Duros momentos se viven en Paraguay desde que se anunció la intervención del banco Ueno Bank y el inicio del procedimiento de su disolución por parte del Banco Central de aquel país (BCP); esto, por insolvencia financiera, al dejar a millones de clientes en vilo y con el riesgo de perder sus ahorros depositados.
El banco intervenido tuvo su origen en una financiera para después obtener su autorización y operar como banco, y ya desde ese ámbito llegó a concentrar las cuentas de millones de clientes y el traspaso de fondos destinados a jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales.
Así, después de una meteórica trayectoria, que en años anteriores se contaba como historia de éxito en el mundo financiero, al día de hoy se cuenta como un terremoto financiero que sacudió a toda la clase política de Paraguay y causó la renuncia del propio presidente Santiago Peña.
Tras días de exigencia de someterlo a juicio político, por motivos que, según se da cuenta en medios internacionales, tienen que ver con que los excesivos préstamos que pudieron haber provocado la insolvencia del banco estuvieron relacionados o existió vinculación con personajes de la vida pública y en cargos de poder.
Motivo por el cual dichas operaciones han resultado cuestionables, sobre todo por sus efectos.
Entiendo, por la similitud con el funcionamiento de los bancos autorizados en nuestro país (México), que solo a algunos ahorradores, con topes determinados en las sumas depositadas en el banco quebrado, les serán devueltos sus ahorros.
Mientras otros más permanecen en la angustia de no saber qué pasará con ellos o quién les debe responder por la pérdida del dinero.
Otra de las aristas del tema ha sido la fuerte relación que existió entre funcionarios del mismo Ueno Bank, que, después de dejar sus cargos como ejecutivos y directivos del banco, también se transformaron, pero en funcionarios de alto rango y nivel, insertos en los organismos reguladores del proceder de las instituciones financieras paraguayas.
Es decir, que pasaron de ser empleados del banco para ser ahora quienes se encargaban de regularlo. A ver, dígame usted, ¿en dónde más se ha visto esto?
El punto adquiere relevancia desde el ámbito internacional, no solo por la urgencia de una revisión exhaustiva de las operaciones y funcionamiento que tienen las instituciones de crédito, y presencia en la vida económica de un país y sus gobernados.
Sino por ese llamado a gritos que se hace a la población desde el propio gobierno hacia la inclusión financiera, en total tendencia global que marcará una presencia definitiva de las tecnologías de la información en el uso de servicios financieros y, desde luego, de una marcada y masiva participación de bancos en la estrategia de inclusión.
Esto, en contraste con esa desprotección que se basa en la falta de observancia de lo que ocurre cuando se contratan y se usan servicios bancarios, y que, al mínimo fallo, se opta por echarle la culpa al cliente, en lugar de cuestionar al prestador de esos servicios y evaluar si, ante un creciente número de quejas, es el autor de los problemas el propio prestador.
Sin ir tan lejos y por mera coincidencia, el punto de la crisis financiera en Paraguay confluye en México con la publicación, de fecha 4 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
Una ley periférica al punto mismo que propone el decreto, cuya única claridad la tiene en el nombre; en otras palabras, se anuncia la ley, pero no se aterriza, pues se delega en ella (a las autoridades de los tres órdenes de gobierno) las acciones a emprender para poder echarla a andar.
Lo que más bien me suena a que no estamos preparados para una ley de tales dimensiones, y mucho menos tenemos con qué ni el cómo. Pero, por aprobarla al «ahí se va», pues ya salió, y ahí luego se verá cómo le haremos para que funcione.
Lo cual es preocupante.
Por el seguimiento que hemos dado en el Barzón desde su anuncio, me causaba singular interés verla publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues su anuncio decía todo y nada, y su aprobación exprés por parte del Legislativo federal me dejó más dudas que certezas.
Aun así, falta esperar los quince días a los que se refiere la publicación del cuatro de noviembre para ver ahora a quién le echan la bolita para que comiencen los pagos digitales.
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