¡En contra de la población!
Emplaza SUTSCMAPS a huelga en La Antigua con exigencias ilegales e impagables que amenazan el suministro de agua
* Increíblemente la comisión tiene que destinar 22.4 de sus 35.2 millones de pesos anuales a salarios y prestaciones
* El pliego incluye ocho beneficios más en efectivo y nueve cláusulas relacionadas con el tratamiento del ISR
De la Redacción
La Antigua, Ver., 27 de octubre de 2026.— El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la CMAPS (SUTSCMAPS) emplazó a huelga para el 6 de noviembre con exigencias salariales y fiscales que aumentarían la presión sobre el presupuesto del organismo, en medio de la preocupación por mantener el suministro de agua potable.
El pliego petitorio incluye un incremento del 20% al salario tabular, retroactivo a enero de 2026; aumentos en ocho prestaciones en efectivo y nueve cláusulas para modificar el tratamiento del impuesto sobre la renta (ISR), con el propósito de reducir la carga tributaria.
Las demandas se presentan cuando la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua destina 22.4 millones de pesos de un presupuesto anual de 35.2 millones a nómina y prestaciones, dentro del capítulo 1000 de servicios personales. Esto equivale aproximadamente al 63.6% del total y deja un margen limitado para otros gastos del organismo.

La viabilidad del aumento requiere evaluar su costo y disponibilidad presupuestal conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que establece límites al gasto en servicios personales. Sin ese análisis, no puede concluirse que la petición sindical, por sí misma, constituya una infracción.
Las cláusulas sobre el ISR también requieren revisión jurídica: un contrato colectivo no sustituye las disposiciones fiscales aplicables. Sin conocer su contenido íntegro, no es posible determinar si las propuestas implican incumplimientos o cómo se distribuiría su costo entre las partes.
Ante el emplazamiento, el director general de la CMAPS, Jorge Emilio Medrano Hernández, reiteró su disposición al diálogo para alcanzar una solución dentro de la ley. Advirtió que el dinero público debe cuidarse para no comprometer la continuidad del servicio de agua potable en el municipio.
El conflicto coloca bajo presión a la comisión ante un gasto laboral que ya absorbe casi dos terceras partes de sus recursos. De estallar la huelga, deberán precisarse las medidas de continuidad operativa y las obligaciones correspondientes mediante los procedimientos legales aplicables, sin dar por hecho que el emplazamiento implica un corte del suministro.