Familiares de médico orizabeño detenido en Quintana Roo piden debido proceso
* Señalan que la causa penal ha registrado diferimientos de audiencias y dificultades para incorporar pruebas
* La defensa señala presuntas irregularidades en la detención y cuestionan el manejo de bienes del especialista
* Afirman que su exigencia busca garantizar un caso imparcial y no un trato preferencial
Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas
Orizaba, Ver., 14 de agosto del 2026.- A más de un año de la detención del médico orizabeño Hugo “N” en el estado de Quintana Roo, familiares, colegas y personas cercanas al especialista intensificaron su exigencia de justicia y de un debido proceso.
De acuerdo con los promoventes de la campaña #JusticiaParaHugoMurillo, el médico permanece en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal que, según sus familiares y defensa, ha presentado presuntas irregularidades, diferimientos de audiencias y dificultades para incorporar elementos de prueba.
El caso comenzó, de acuerdo con la versión de los allegados al especialista, hace aproximadamente seis años, cuando Murillo conoció en su consultorio a una mujer gestante. Posteriormente, ante ausencias temporales de la madre biológica, el médico habría asumido el cuidado y manutención de dos menores, llegando a registrar formalmente a uno de ellos conforme a los procedimientos correspondientes.
Los familiares señalaron que, después de varios años de ausencia, la progenitora reapareció en 2024 y presentó una denuncia por un delito grave relacionado con la integridad personal de uno de los menores.
Según la defensa y los familiares, la detención del médico, ocurrida el 7 de julio de 2024, estuvo acompañada de presuntas irregularidades. Aseguraron que fue detenido bajo una figura que, desde su perspectiva, no correspondía al procedimiento legal aplicable y que durante la intervención le fueron retiradas las llaves de un inmueble, vehículos y otras pertenencias.
Tres días después, las autoridades judiciales formalizaron la imputación penal. Posteriormente, mientras el médico permanecía en prisión preventiva, sus familiares señalaron que la denunciante habría tomado posesión de la residencia del especialista durante varios meses.
Asimismo, acusaron que durante ese periodo presuntamente fueron comercializados bienes pertenecientes al médico y un automóvil propiedad de un tercero. De acuerdo con los familiares, se presentaron denuncias por los hechos, aunque hasta el momento no han recibido la respuesta que esperan de las autoridades.
A esta situación, agregaron, se sumaron dificultades relacionadas con la primera defensa privada del imputado, a la que señalaron por presuntas omisiones en la estrategia legal y cobros que consideraron excesivos.
La nueva representación legal, indicaron, enfrenta diferimientos de audiencias y dificultades administrativas para incorporar peritajes en materia de psicología e investigación de campo, los cuales consideran relevantes para la defensa del médico.
Familiares, colegas y pacientes de Hugo “N” señalaron que su petición ante los juzgados de control y el Consejo de la Judicatura no busca impunidad ni un trato preferencial, sino que el caso sea revisado de manera imparcial, se valoren las pruebas de ambas partes y se respeten las garantías del debido proceso y los plazos legales.
Las acusaciones sobre las presuntas irregularidades y el manejo de los bienes corresponden a la versión de los familiares y la defensa del médico; hasta el momento, no se incluyen en la información proporcionada pronunciamientos de las autoridades judiciales o de la parte denunciante al respecto.
