Gobierno y fiscalía avientan caballería contra Ken Salazar

* Ernestina Godoy afirma que el exembajador incumplió con el derecho internacional, si se confirma la participación de FBI en la captura de El Mayo

Ciudad de México, 09 de julio del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR) enfilaron sus baterías contra Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, por el caso de la detención del capo Ismael El Mayo Zambada García, que volvió al centro del debate el tema de la soberanía nacional.

Desde Palacio Nacional, la Mandataria reiteró que Salazar mintió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al señalar que no hubo participación de agencias estadounidenses en la operación del 25 de julio de 2024, cuando una versión periodística sostiene que el FBI ejecutó la extracción del fundador del Cártel de Sinaloa.

Prueba de ello, dijo, “es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos”.

Más tarde, la fiscal Ernestina Godoy Ramos salió en conferencia a acusar a Ken Salazar de mentir sobre el caso, lo que, aseguró, representaría una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, de confirmarse la autoría del FBI en la operación.

“El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esa operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México; sino que fue una operación entre cárteles”.

Indicó que “de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por él, se traduciría en violaciones graves al derecho mexicano e internacional”.

Acompañado del fiscal de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, y del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, Godoy Ramos aseguró que el gobierno de Estados Unidos les ha entregado información falsa, parcial e insuficiente para esclarecer lo ocurrido hace dos años en Culiacán, Sinaloa.

“Estamos hablando de posibles responsabilidades de Ken Salazar”, señaló categórica Godoy Ramos. No obstante, Raúl Jiménez descartó acciones penales contra el militante demócrata, pues aclaró que las consecuencias no serían penales, sino las previstas en tratados internacionales.

“El principio de buena fe en las relaciones diplomáticas fue claramente violentado por el embajador en su momento Ken Salazar, porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo en cuestión, resulta falsa de toda falsedad”, reviró.

Al cuestionarlo sobre qué implicación tendrán los dichos del exdiplomático, respondió que representan un incumplimiento grave del marco regulatorio internacional y las consecuencias no son necesariamente penales, pues mientras fue embajador no podía ser investigado, perseguido o castigado.

“No lo son porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera que lo ocurrido en su función no puede ser investigado, perseguido o castigado”, expresó Jiménez.

Para la fiscal Godoy, el secuestro de El Mayo fue resultado de una serie de beneficios que recibió Ovidio Guzmán López, El Ratón, hijo de El Chapo Guzmán, como incorporación como testigo protegido, tras ser extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023.

A manera de antecedente, explicó que el 23 de julio de 2024, El Chapito se incorporó al programa de testigos protegidos y dos días después, el 25, la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar sin consultar al gobierno de México.

Ese mismo día, recordó, se llevó a cabo la operación que devino en la extracción ilegal o secuestro de El Mayo, mediante una estrategia que se encuentra en investigación, llevada a cabo en Sinaloa y concluida en Nuevo México.

“Estos acontecimientos permiten inferir, por la proximidad en el tiempo, los vínculos familiares, así como de organizaciones delictivas, que guardan una relación de intermediación, es decir, que presumiblemente, el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares por parte del gobierno de ese país”, dijo.

EL UNIVERSAL