Suman 22 bajas en la Policía Vial de Orizaba desde febrero de 2024

* El coordinador César Ignacio Paz Casillas informó que las separaciones responden a irregularidades en el desempeño

* Cuatro bajas se han registrado en la actual administración municipal; el resto corresponde a la gestión anterior

* Las cámaras corporales son una herramienta clave para revisar actuaciones y atender quejas ciudadanas

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Orizaba, Ver., 23 de junio del 2026.- Un total de 22 elementos de la Policía Vial han sido separados de la corporación desde febrero de 2024, cuando César Ignacio Paz Casillas asumió la coordinación de la dependencia, como parte de un proceso permanente de supervisión y depuración interna orientado a fortalecer la disciplina y transparencia en el servicio.

De acuerdo con el funcionario, aunque la cifra abarca dos administraciones municipales, cuatro de estas bajas se han registrado durante los casi seis meses del actual gobierno, mientras que el resto ocurrió en la gestión anterior.

Paz Casillas explicó que las separaciones han derivado de diversas irregularidades detectadas en el desempeño de los elementos, entre ellas actuaciones vinculadas a intereses personales y faltas a los procedimientos administrativos establecidos por la corporación.

Indicó que cada caso es analizado conforme a los protocolos internos, y una vez comprobadas las faltas, se aplican sanciones que van desde suspensiones temporales hasta la baja definitiva del servicio.

El coordinador destacó que una de las principales herramientas de supervisión son las cámaras corporales o de solapa que portan los agentes durante sus jornadas, las cuales permiten documentar las intervenciones y esclarecer posibles controversias entre ciudadanos y oficiales.

Explicó que, ante cualquier queja o señalamiento, las grabaciones son revisadas para determinar si existió una actuación indebida o si la responsabilidad recae en el ciudadano involucrado.

Finalmente, reiteró que la corporación mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas que afecten la imagen institucional o vulneren los procedimientos establecidos, por lo que continuarán reforzándose los mecanismos de vigilancia interna y rendición de cuentas.