Exhiben a funcionarios «profecionales» en Ayuntamiento de Jilotepec

* Señalan que algunos no contarían con título ni cédula profesional para los puestos que desempeñan

* Entre las áreas observadas están Tesorería, Contraloría, Obras Públicas, de investigación y sustanciación

* Señalan que los nombramientos habrían sido aprobados por el Cabildo sin verificar la formación académica

Jilotepec, Ver., 30 de abril del 2026.- A través de una denuncia ciudadana fueron señaladas presuntas irregularidades en la integración de diversos cargos dentro del Ayuntamiento de Jilotepec, relacionadas con el posible incumplimiento de requisitos legales en materia de formación profesional.

De acuerdo con la información presentada, se alude que algunos funcionarios no contarían con título ni cédula profesional, lo que representaría una posible violación al principio de legalidad en el ejercicio del servicio público.

Los cargos y nombres mencionados en la denuncia son: Erick Levit Rodríguez Cortina, tesorero municipal; Miguel Alberto Marín Juárez, contralor interno; José Antonio Olivarez Solano y Arodi Antonio Hernández Durán, directores de Obras Públicas; así como Jessica Gissel Rivera Barrera, titular del área de Investigación, y Carlos Miguel Zárate Mercadante, titular del área de Sustanciación.

La parte denunciante afirma contar con evidencia obtenida mediante la consulta al Registro Nacional de Profesionistas, información de la Plataforma Nacional de Transparencia y oficios de respuesta emitidos por los propios funcionarios, en los que —según se expone— no se acreditaría la existencia de los documentos profesionales requeridos.

Asimismo, se señala que dichos nombramientos habrían sido aprobados por el Cabildo sin una verificación exhaustiva de los perfiles profesionales, lo que implicaría una posible responsabilidad de sus integrantes.

De acuerdo con el documento, la denuncia ya fue presentada ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y la Contraloría General del Estado, con el fin de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.

Finalmente, se destaca que la información difundida es de interés público, al tratarse de señalamientos relacionados con el desempeño de la función pública y el uso de recursos institucionales, por lo que deberá ser la autoridad competente la que determine lo conducente.