Propone diputada evitar uso obligatorio de plataformas digitales para adultos mayores
* Plantea garantizar alternativas presenciales, telefónicas y de atención directa
* La legisladora del PT advierte que la digitalización puede generar nuevas formas de exclusión social
* La iniciativa no contempla aumento de gasto, sino un rediseño en los modelos de atención
Yazmín Hernández
Xalapa, Ver., 28 de abril de 2026.- Con el objetivo de evitar que la modernización de los servicios se convierta en un factor de exclusión, la diputada local del Partido del Trabajo, Elizabeth Morales García, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz.
La propuesta plantea que ninguna persona adulta mayor en la entidad sea obligada a utilizar plataformas digitales, aplicaciones móviles o códigos QR para acceder a servicios, especialmente en áreas sensibles como la salud.
De acuerdo con la legisladora, en Veracruz más de un millón de personas adultas mayores enfrentan condiciones adversas como pobreza, limitaciones físicas y falta de acceso a tecnología, lo que dificulta su relación con instituciones públicas y privadas cuando los trámites se digitalizan de manera exclusiva.
En este contexto, la iniciativa busca obligar a las dependencias y empresas a ofrecer alternativas accesibles, como atención presencial, telefónica o mediante asistencia directa, con personal capacitado y mecanismos claros que garanticen un trato digno.
Morales García advirtió que, aunque la digitalización representa avances en eficiencia administrativa, también ha generado nuevas brechas sociales que afectan principalmente a sectores vulnerables sin acceso a dispositivos electrónicos, conectividad o conocimientos tecnológicos.
“La tecnología no puede convertirse en un filtro para ejercer derechos”, sostuvo la diputada, al señalar que esta situación constituye una forma de discriminación indirecta, prohibida por la Constitución mexicana y por estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La iniciativa establece que no implicará la creación de nuevas estructuras ni un incremento en el gasto público, sino un rediseño en los mecanismos de atención, priorizando la inclusión y la accesibilidad para las personas adultas mayores.
Relacionadas
