Arrestan a delegado de la SEV en Zongolica por choque, estado etílico y presunta portación ilegal de arma

* El incidente ocurrió a la altura del sitio conocido como La Quinta

* Fue ex presidente municipal de San Juan Texhuacán y esposo de la actual alcaldesa

De la Redacción

Zongolica, Ver., 20 de diciembre de 2025.- La noche del viernes fue detenido Bernardino Tzanahua Anastacio, delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Zongolica, ex presidente municipal de San Juan Texhuacán y esposo de la actual alcaldesa de ese municipio, María Regina Calixto Tello, tras verse involucrado en un accidente vial y presuntos hechos constitutivos de delito.

De manera extraoficial se informó que el funcionario fue asegurado inicialmente por elementos de la Guardia Nacional y posteriormente por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que presuntamente impactara un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mientras conducía un vehículo Suzuki Jimny, aparentemente en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió sobre la carretera Zongolica–Mixtla de Altamirano, a la altura del sitio conocido como La Quinta, justo frente a una base de la Guardia Nacional. Durante la revisión posterior al accidente, a Tzanahua Anastacio se le habría caído un arma de fuego, situación que derivó en una inspección más exhaustiva por parte de los oficiales.

Al solicitarle la documentación correspondiente para la portación del arma, así como verificar su condición física, el delegado regional habría adoptado una actitud prepotente e intentado intimidar a los elementos de seguridad, argumentando contar con “alto nivel y poder político”, al señalar presuntos vínculos personales con ex y actuales funcionarios estatales y dirigentes partidistas.

Ante el choque, la presunta portación de un arma de fuego sin el permiso correspondiente y su estado etílico, los elementos del orden procedieron a trasladarlo y ponerlo a disposición de la Delegación XVI de la SSP, con sede en Nogales. Asimismo, se solicitó la intervención de la Fiscalía, que será la instancia encargada de determinar su situación jurídica por la posible portación ilegal de arma de fuego, los daños ocasionados a la infraestructura de la CFE y los delitos que resulten.