Familiares de víctimas del bar Caballo Blanco impugnan rechazo de la FGE a recomendación de CEDH, en Coatzacoalcos

* La medida exigía disculpa pública, indemnización, atención psicológica, registro de víctimas, capacitación forense y revisión de procedimientos

* A seis años del incendio que dejó 32 muertos, los dolientes denuncian trato indigno a los fallecidos y falta de apoyos

* “Ellos dicen que los protocolos se hicieron bien, que es mentira que los cuerpos estuvieron en mal estado. Dicen que los testigos son falsos y que las funerarias también mintieron”, señalaron

Enrique Burgos

Coatzacoalcos, Ver., 27 de agosto del 2025.- Al cumplirse seis años del ataque al bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, familiares de las víctimas impugnaron el rechazo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por trato indigno a los fallecidos.

El 27 de agosto de 2019, por la noche, un incendio provocado por criminales dejó 32 muertos entre trabajadores y clientes.

Los afectados denunciaron que ni autoridades judiciales ni gubernamentales han podido cubrir el vacío institucional en el proceso de investigación, sumado a la revictimización tras la tragedia, al descubrir que los cuerpos de sus seres queridos, lejos de ser tratados con dignidad, fueron entregados en condiciones infrahumanas.

América del Carmen, madre de Xóchitl Nalley Irineo Gómez, trabajadora del bar que murió en el ataque, señaló que, ante la falta de respuestas, han impugnado la resolución de la FGE, enviando la queja directamente a las instancias federales en la Ciudad de México.

“Ya hice la impugnación a la Fiscalía, pero la mandé directo a México para ver qué contestan ahora. Ellos dicen que los protocolos se hicieron bien, que es mentira que los cuerpos estuvieron en mal estado. Dicen que los testigos son falsos y que las funerarias también mintieron. Todo esto es para que no quede en el olvido”, manifestó.

Apuntó que estos procesos han sido desgastantes, estresantes y, sobre todo, dolorosos, pues se trata de la memoria de su hija; por ello persiste en su lucha.

La madre de Xóchitl confirmó que las familias no reciben los apoyos prometidos, como becas, ayuda económica y atención del DIF.

“Por parte de las becas Benito Juárez, hay quienes sí las reciben; mis hijos no. Uno de mis niños no recibe apoyo porque mi CURP está bloqueada. Desde febrero hice mi trámite ante el Ayuntamiento, Renapo y Bienestar, pero no han actualizado el sistema, y por eso no recibe su apoyo”, agregó.

Aseguró que, por parte del director del DIF de Coatzacoalcos, Elit Seba Juárez, se le negó la ayuda, pues el funcionario aseguró que no hay apoyo para nadie.

Incluso señaló que no han podido concluir las gestiones de ayuda para la custodia de los niños; algunos quedaron en manos de sus abuelos, como es su caso.

“Dijo que no hay ayuda para los del Caballo Blanco. Pedí láminas, porque mi casita se llueve, y me dijo que no hay ayuda general para nadie”, dijo.

Al menos 30 menores quedaron huérfanos y quienes están a su cuidado atraviesan graves problemas para brindarles alimentación y educación.

“Mis hijos a veces solo se adaptan a una comida o dos; no se puede más. Es un peregrinar largo. Por las mismas circunstancias surgen enfermedades, y uno termina agotado. Quiero tirar la toalla, quiero dejarlo todo; si se da el apoyo, bien, si no, también. Pero la verdad es que seguirle el juego al gobierno, que da carpetazo y no cumple, es muy difícil”, finalizó.

Recomendación de CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 30/2025, en la que constató que al menos 22 cuerpos fueron entregados sin las mínimas condiciones de higiene: muchos en estado de descomposición, algunos cubiertos con larvas y sin refrigeración, y permanecieron horas expuestos en el SEMEFO de Cosoleacaque.

Además, la CEDH documentó la revictimización secundaria de al menos 17 familiares que, además del dolor, enfrentaron irresponsabilidad institucional.

La recomendación exigía varias medidas de reparación integral, como una disculpa pública, indemnizaciones, atención psicológica, inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, capacitación del personal forense y revisión de protocolos.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), liderada por Verónica Hernández Giadáns, no respondió dentro del plazo legal, lo cual implica el rechazo tácito de la recomendación.