La instrucción —que calificó la medida de “congelamiento” de las entrevistas— detiene una pasaje que el año fiscal 2024 procesó más de 400 mil visados de estudiantes. El paso previo, advierte el cable, es implantar una “evaluación de redes sociales” obligatoria para todos los solicitantes extranjeros. Hasta ahora, el escrutinio digital se aplicaba sobre todo a estudiantes que regresaban y estaban vinculados —real o presuntamente— a protestas propalestinas.
El Departamento de Estado ya solicitaba, desde 2020, identificadores de redes en algunos formularios, pero Rubio anuncia una expansión “significativa” que abarcaría todo aspirante. El cable se remite a órdenes ejecutivas orientadas a “mantener alejados a los terroristas y combatir el antisemitismo”. La Casa Blanca, sin embargo, no precisó qué contenido o contactos digitales dispararán alarmas.
Funcionarios consulares —cansados de las “directrices vagas” sobre qué constituye actividad peligrosa— temen un cuello de botella monumental. “Publicar fotos de una bandera palestina… ¿obligará a un estudiante a someterse a escrutinio adicional?”, se preguntó un diplomático citado por Politico.
El anuncio llega una semana después de que la Administración revocara —y luego un juez suspendiera— la certificación que permitía a Harvard aceptar alumnos extranjeros. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó entonces: “Es un privilegio, no un derecho, que las universidades inscriban a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para ayudar a engrosar sus dotaciones multimillonarias.”
Las universidades temen un golpe financiero. Según la asociación NAFSA, los estudiantes internacionales aportaron 44 mil millones de dólares y 370 mil empleos a la economía estadunidense en 2024. “Si Estados Unidos deja de aceptar estudiantes extranjeros, el impacto económico sería catastrófico,” tuiteó Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council.
Más allá de dólares, la suspensión amenaza la reputación de los campus como centros de investigación global. “Detener la llegada de talentos internacionales erosiona la primacía científica de EE. UU.”, alerta Miriam Feldblum, directora del Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration.
La maniobra se alinea con la línea dura de la campaña Trump: restringir la inmigración legal tanto como la irregular. Legisladores republicanos han defendido que “filtrar” estudiantes es crucial para evitar infiltraciones terroristas y espionaje chino. Demócratas replican que la administración “criminaliza la disidencia política” y usa la política de visas como garrote ideológico.
Hasta que el Departamento de Estado publique el “septel” prometido, nadie puede agendar entrevista. Solicitantes con cita programada antes del cable podrían ser atendidos, pero fuentes consulares advirtieron que “es probable que todo el sistema se congele para reprogramar controles adicionales”.
La verificación incluiría nombres de usuario y quizá contraseñas para cuentas de X, Instagram, TikTok, LinkedIn y foros regionales. Expertos legales recuerdan que las embajadas ya retienen discrecionalmente dispositivos móviles para inspección forense. El nuevo paso supondría revisar años de actividad: en promedio, un estudiante asiático tiene 7 u 8 plataformas.
Instituciones como la NYU o la Universidad de Illinois —con cohortes extranjeras superiores al 20 %— han activado mesas de emergencia. Equipos de admisiones evalúan posponer cartas de oferta y girar recursos a sedes en Abu Dabi, Shanghái o Madrid. “No podemos matricular alumnos sin garantía de visado”, resume un decano de posgrado de la Costa Oeste.
El consejo jurídico es preparar litigios. En 2020, Harvard y MIT ganaron una demanda que obligó a la Administración Trump a revertir reglas que expulsaban a estudiantes de cursos en línea. “La pausa de entrevistas es administrativa, pero si se prolonga, vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo”, afirma Rebecca Ciaramella, abogada especializada.
Ni el Departamento de Estado ni el DHS respondieron a las consultas. Fuentes internas creen que las nuevas directrices llegarán “en una o dos semanas”. Entre bastidores, consulares piden más personal y entrenamiento digital: hay apenas 300 investigadores de redes para 200 sedes.
Mientras tanto, el reloj corre para el semestre de otoño. El último día para que muchos alumnos obtengan la aprobación del visado es el 15 de julio. Si la pausa persiste, vuelos, residencias y hasta pólizas médicas quedarán en suspenso. En palabras de un funcionario consular veterano: “Nunca habíamos visto cerrar de golpe todas las ventanas de la sección F-1. Ni siquiera después del 11-S.”
