* Limita a jueces revisar las condiciones en que se hubiera dado un contrato abusivo para ser despojados de sus propiedades: Teresa Carvajal
Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., 15 de junio de 2022.- El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, A. C., denunció el retroceso que sufre la impartición de justicia, al emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación un criterio mediante el cual retira facultades a los jueces para revisar casos de usura, poniendo “de rodillas a la clase trabajadora y las familias mexicanas ante los abusos, fraudes, despojos y empobrecimiento que provocan tanto los agiotistas como las instituciones de crédito”.
Teresa Carvajal Vázquez, representante legal de esta organización civil denunció que la Corte en plena violación a los derechos humanos ha resuelto limitar la obligación de los jueces de revisar las condiciones en que se hubiera dado un contrato abusivo, dejando la tarea a los agraviados, quienes deberán alegar condiciones abusivas y tasas excesivas en sus créditos desde el inicio del proceso judicial y no se podrá denunciar usura en ningún otro momento del juicio.
“Esta es una medida regresiva, pues limita las herramientas de defensa a la víctima de cobros usureros”, añadió la representante barzonista.
Expuso que está situación se dio a partir de la jurisprudencia 28/2017, en dónde se estableció que aquellos que caigan en moratoria tendrán la obligación de contratar a un abogado, de defenderse y de pedir que revisen las tasas de interés hasta antes de que se emita sentencia, porque si se somete a la consideración de un abogado dónde ya ha habido sentencia, los jueces están eximidos de esa obligación para revisar dichas tasas y emitir la sentencia condenatoria en dónde se le obliga a pagar a un deudor cantidades exorbitantes, añadió.
Recalcó que ahora sí una persona firmó un convenio, está sentenciada o tiene alguna condena de pago, que por razón de la norma no haber estado vigente en la fecha en la que se llevó su juicio, hoy en día ya no podrá hacer nada por disposición de la Corte.
Ante esta situación, convocó a la sociedad civil a qué se organice para poder denunciar y exigir normas que verdaderamente nos protejan contra la usura, sobre todo por la situación de emergencia sanitaria que se vive y que puso en crisis a la gran mayoría de las familias mexicanas.
Insistió que con las medidas aplicadas por la SCJN “tiene de rodillas a los deudores, tiene se rodillas a aquellas personas que quieren pagar lo justo y esto no se vale, porque los mexicanos tenemos a este máximo tribunal a dónde se supone que todos debemos pedir amparos y justicia.
De igual manera, hizo un llamado a los legisladores federales para que hagan eco de este reclamo que está haciendo El Barzón, porque está no es una lucha de El Barzón, es una lucha de todos, es una carrera que debemos correr juntos, ya que muchas personas que están siendo objeto de usura no saben dónde acudir y ahora con esta limitación de las herramientas judiciales que la Corte, ese tope que han puesto, ese alto que se esperaba se pusieran a los agiotistas, ya no va a tenerse más.
Finalmente, dio a conocer que están haciendo está denuncia pública, porque hay otros criterios que se han venido como cascada y parece que tienen dedicatoria especial contra los deudores en despojarlos de sus viviendas y ser cómplices también de estas sentencias altas en su contra.
“Sobre todo porque de febrero a la fecha se han incrementado en un 400% los juicios de remate de las viviendas que están saliendo a la venta forzosa porque los propietarios no están siendo protegidos en su derecho humano a la propiedad privada, considerando que está jurisprudencia abonará en más juicios”, concluyó.
