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Xalapa, Ver., 12 de octubre de 2017.- Ante los problemas que enfrentan los ayuntamientos por los laudos emitidos por el tribunal correspondiente, es de suma importancia que los diputados locales reformen la Ley del Servicio Civil y dar los elementos jurídicos correspondientes al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para evitar este lastre, que enfrentan muchas administraciones municipales, los aniquilen.

Lo anterior fue señalado por María de Jesús Vázquez Rodríguez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), quien dijo que con esto se finiquitaría este problema que actualmente enfrentan más de una veintena de ayuntamientos veracruzanos.

Recalcó que en la ley de la materia vigente existen lagunas legales que impiden al TECA cumplir con sus funciones, debido a que en la última reforma que se hizo en la materia, propició que los trabajadores no puedan ejecutar un embargo y mucho menos ejecutar un proceso penal para que se cumplan los laudos.

Además, dijo, al existir esta laguna jurídica, los responsables legales de los ayuntamientos se niegan a cumplir con las resoluciones que el TECA ha emitido, luego de que los procesos laborales se han extendido, al grado tal que resultan impagables para un ayuntamiento dichos laudos, al alcanzar cantidades millonarias que de cubrirse, desfondarían las arcas municipales.

La dirigente obrero recomendó a los diputados locales atender este asunto que se ha vuelto una papa caliente para varias administraciones municipales actuales, y más por el quebranto financiero en que los dejó el gobierno de Javier Duarte, al no cubrir varios compromisos a los 212 ayuntamientos de la entidad.

Destacó que en el caso de la central obrera que encabeza, enfrentan un laudo pendiente con el ayuntamiento de Citláltepetl, el cual data desde hace tres administraciones municipales en donde las autoridades en turno, se negaron atender, lo cual el adeudo que se tiene con los trabajadores se ha incrementado a tal grado que en la actualidad, dicha comuna su presupuesto no es suficiente para cubrir salarios caídos y prestaciones.

“Se ha tratado de negociar con las autoridades (en sus respectivos mandatos) para buscarle una solución al conflicto y la única respuesta ha sido la cerrazón al diálogo y no se puede instaurar un juicio político, porque este ejercicio no procede, porque el Tribunal cumple con lo que especifica la Ley”, añadió.

De ahí la importancia de que los diputados atiendan este rubro y den seguridad jurídica tanto a los empleados municipales, como a los propios ayuntamientos para evitar que este tipo de problemas se incrementen en el futuro, señaló por último.