Dictan 150 años de prisión a dos responsables de secuestro agravado en Veracruz

* Tomás “N” recibió una pena de 80 años en Misantla, mientras que Pedro “N” fue condenado a 70 años en Córdoba

Xalapa, Ver., 08 de octubre del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), obtuvo dos sentencias condenatorias por el delito de secuestro agravado, con penas que en conjunto suman 150 años de prisión.

Las resoluciones derivaron de investigaciones y del desahogo de pruebas durante los juicios orales correspondientes, como parte de las acciones desarrolladas por la Fiscalía durante el periodo comprendido del 1 al 7 de octubre.

En el Distrito Judicial de Misantla, Tomás “N” fue condenado a 80 años de prisión, luego de que el órgano jurisdiccional determinara su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, dentro del juicio oral J-30/2022.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2020, cuando la víctima, de oficio taxista, fue vista por última vez en un sitio de taxis ubicado en Tlapacoyan, al salir con dos pasajeros con destino a la localidad de Vega Chica.

Posteriormente, se exigió un pago a cambio de su liberación. Como parte de las investigaciones, se implementó un operativo policial que permitió la detención del ahora sentenciado.

Dos días después, el 6 de febrero de 2020, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en la localidad de Vega Chica, perteneciente al municipio de Tlapacoyan.

Segunda sentencia en Córdoba

En otro caso, registrado en el Distrito Judicial de Córdoba, Pedro “N” fue sentenciado a 70 años de prisión al acreditarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado.

Los hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2022, sobre el camino de terracería Paraje Nuevo-Atoyaquillo, en el municipio de Amatlán de los Reyes, donde la víctima, de oficio agricultor, fue privada de la libertad por sujetos armados.

Posteriormente, los responsables exigieron a sus familiares un pago a cambio de su liberación.

El 22 de febrero de ese mismo año, mediante un operativo policial, Pedro “N” fue detenido en flagrancia cuando presuntamente acudió a realizar el cobro del pago exigido. Durante el mismo despliegue fue localizada y liberada la víctima.

Estos hechos quedaron asentados en el juicio oral 81/2023.

Además de las penas de prisión, en ambos casos el órgano jurisdiccional determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos de los sentenciados.

La Fiscalía General del Estado señaló que, en respeto al debido proceso y a la legislación vigente, la identidad de las víctimas se mantiene bajo resguardo legal.