Ejidatarios piden intervención de autoridades ante conflicto por 77 hectáreas en Ángel R. Cabada
* El litigio se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998 y a una sentencia emitida en 2002
* Señalan que la disputa agraria ha generado tensión y agresiones entre los grupos involucrados
Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., 07 de octubre del 2026.- Ante la tensión generada por la disputa de aproximadamente 77 hectáreas correspondientes a la ampliación del ejido Ángel R. Cabada, representantes de ejidatarios solicitaron la intervención de autoridades estatales y de procuración de justicia para garantizar la seguridad de las partes y evitar que el conflicto escale.
Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo (FOSEC), informó que el problema está relacionado con una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla, cuya ejecución, según expuso, se ha prolongado durante varios años.
En conferencia de prensa, señaló que la situación se agravó hace dos días a raíz de acontecimientos relacionados con la ejecución de dicha resolución, lo que generó nuevamente tensión entre los grupos involucrados.
Por su parte, el representante jurídico de los ejidatarios, Lázaro de Jesús Matías, explicó que el origen del conflicto se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998, identificado con el expediente 571/1998, relacionado con una superficie de 77 hectáreas ubicada cerca de la carretera federal Ángel R. Cabada-Santiago Tuxtla.
Detalló que el litigio involucró a ejidatarios de dotación y de ampliación. De acuerdo con su explicación, en 2002 el Tribunal Agrario emitió una sentencia mediante la cual se ordenó a los ejidatarios de dotación, a través de los integrantes del comisariado ejidal, entregar los terrenos a los ejidatarios de ampliación.

Sin embargo, señaló que la entrega legal y material de la superficie no se concretó en su totalidad y posteriormente comenzaron a ingresar personas al área en disputa, donde se formó el asentamiento actualmente conocido como colonia El Mesón.
El representante jurídico indicó que, posteriormente, el Juzgado de Distrito y el Tribunal Agrario vincularon el cumplimiento de la resolución con la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). No obstante, sostuvo que la entrega de los terrenos a los ejidatarios de ampliación no se concretó, por lo que recurrieron a la justicia federal mediante el juicio de amparo indirecto 220/2010, promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito.
Matías informó que el 3 de diciembre de 2025 se realizó una diligencia mediante la cual se ejecutó una fracción de aproximadamente 27 hectáreas, superficie de la que los ejidatarios de ampliación tomaron posesión.
De acuerdo con su versión, posteriormente integrantes del otro grupo volvieron a ocupar parte del terreno, situación por la que se presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes.
Asimismo, manifestaron que se han registrado agresiones entre integrantes de ambos grupos y que se han presentado las denuncias correspondientes.
Ante este escenario, los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades estatales y de las instancias competentes para atender el conflicto agrario, garantizar la seguridad de las personas involucradas y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Los representantes de los ejidatarios advirtieron que buscan evitar que la tensión derive en un enfrentamiento y pidieron que se establezcan las condiciones necesarias para atender el conflicto por la vía institucional.