Liberan secundaria de Ciudad Mendoza y acuerdan retiro temporal de tres funcionarios

* También piden conocer el destino de una aportación de 24 mil pesos realizada por la UPV

Camerino Z. Mendoza, Ver., 6 de octubre de 2026.- Después de permanecer tomada por padres de familia como medida de presión ante diversas inconformidades, la escuela secundaria “Ignacio Manuel Altamirano” fue liberada, luego de que los inconformes alcanzaran una serie de acuerdos con autoridades educativas.

La movilización había iniciado debido a una problemática que, de acuerdo con los padres, comenzó a ser reportada desde febrero ante supervisión escolar y otras instancias, sin que hasta ahora hubieran obtenido una solución que consideraran satisfactoria. Entre sus principales exigencias se encontraba la salida de la directora Miriam Carrera Salazar, la subdirectora del turno vespertino Georgina Cruz y el contralor Aldo Estévez.

Como parte de los acuerdos, los tres funcionarios señalados se retirarán del plantel y permanecerán en la supervisión escolar mientras continúan las mesas de trabajo. Los representantes de la comunidad escolar explicaron que este martes acudirán a Xalapa para dar seguimiento al diálogo con las autoridades educativas y reiterar las situaciones que consideran deben investigarse.

Uno de los acuerdos contempla además la instalación de una mesa de diagnóstico, en la que se revisará la situación de la secundaria y los distintos planteamientos realizados por los padres de familia. La intención, señalaron, es que cada una de las demandas sea analizada y se establezcan alternativas de solución.

Las inconformidades abarcan aspectos administrativos y académicos. Los padres señalan presuntas irregularidades en los recursos de la cooperativa escolar, entre ellas un supuesto faltante de aproximadamente 57 mil pesos del ciclo anterior, además de dudas sobre el destino de una aportación de 24 mil pesos realizada por la UPV.

Se suman señalamientos sobre suspensión de clases durante varios días, presuntas ausencias de docentes, supuestos cobros a estudiantes para favorecer la acreditación de materias y la presunta venta de dulces dentro del plantel por profesores. Los padres también acusan a la directora de presunto maltrato, abuso de autoridad y omisión de protocolos, situaciones que aseguran haber reportado previamente ante las autoridades educativas.

La secundaria atiende a entre 700 y 750 estudiantes, con alrededor de 60 docentes, por lo que los padres consideran necesaria una revisión integral de las condiciones en que opera el plantel.

Con la liberación de las instalaciones, las actividades escolares podrán continuar, pero el conflicto no se considera concluido. Los padres de familia señalaron que estarán pendientes de los resultados de la reunión en Xalapa y, principalmente, de que los acuerdos alcanzados se traduzcan en acciones concretas y verificables.