Director de Asuntos Religiosos de Nanchital denuncia agresión física y amenazas; exige destitución del alcalde

* Óscar Guillermo Hernández afirmó haber sido intimidado por un hombre a quien identificó como escolta y chofer de José Luis Pérez

* Afirmó, el hombre lo habría empujado, golpeado en las costillas y sujetado contra una pared, además de intentar asfixiarlo

* Pidió la intervención de autoridades estatales y federales ante el temor que, dijo, existe por su seguridad y la de su familia

Enrique Burgos

Nanchital, Ver., 25 de septiembre de 2026.- El director de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Nanchital, Óscar Guillermo Hernández García, solicitó la destitución del alcalde José Luis Pérez Salinas y de la síndica Sandra Luz Osorio, además de pedir la intervención de autoridades estatales y federales, luego de denunciar una presunta agresión física y amenazas en su contra.

Hernández García señaló a José Carlos Torres Martínez, a quien identificó como escolta y chofer del presidente municipal, como el presunto responsable de la agresión ocurrida el pasado 25 de agosto.

El funcionario, quien tiene discapacidad visual, relató que el incidente ocurrió después de un intercambio verbal con el alcalde. Posteriormente, afirmó, el hombre lo habría empujado, golpeado en las costillas y sujetado contra una pared, además de intentar asfixiarlo y amenazarlo de muerte.

Por estos hechos, aseguró haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz por los presuntos delitos de lesiones dolosas y amenazas, por lo que, de acuerdo con su declaración, existe una carpeta de investigación.

Señala descuentos en su salario

Hernández García sostuvo que el conflicto habría comenzado a raíz de descuentos aplicados a su salario, que, según afirmó, representaban entre mil 500 y 2 mil pesos por quincena. Señaló que la cantidad acumulada que no le habría sido reintegrada oscila entre 12 mil y 14 mil pesos.

Explicó que inicialmente el área de Recursos Humanos atribuyó la situación a supuestos errores bancarios o del sistema y que posteriormente se le habría prometido la devolución del dinero, lo cual, aseguró, no ocurrió.

También señaló que solicitó un préstamo de 80 mil pesos para cubrir un tratamiento médico, pero que le fue negado, mientras que otros trabajadores cercanos al alcalde presuntamente habrían recibido créditos de entre 50 mil y 60 mil pesos.

Tras la presunta agresión, Hernández García dijo que buscó apoyo con integrantes del Cabildo. Según su versión, el regidor tercero, José Luis Benítez Morales, le pidió mantener la calma y evitar hacer pública la situación, debido a que podría poner en riesgo su empleo o su integridad.

Asimismo, afirmó que posteriormente se realizó una reunión con la presencia de la síndica Sandra Luz Osorio, la regidora Marisol Lugo y el alcalde, en la que presuntamente se le ofreció devolver el dinero a cambio de no hacer pública la situación.

Solicita investigación y destitución

Ante estos hechos, el funcionario pidió al Congreso del Estado investigar la actuación de las autoridades municipales y solicitó la destitución del alcalde y de la síndica, al considerar que no recibió el respaldo necesario ante la presunta agresión.

También hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Rocío Nahle García y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que intervengan y se investiguen los señalamientos realizados sobre la administración municipal de Nanchital.

Al referirse a su situación y al temor que, dijo, le genera el contexto de seguridad en el municipio, Hernández García expresó:

“Sí tengo miedo. Y hago responsable que a partir de hoy, hago responsable sobre lo que me pase a mí y a mi familia, al presidente José Luis Pérez Salinas”, declaró.

El funcionario también cuestionó las condiciones en las que opera la Policía Municipal y afirmó que algunos elementos presuntamente no contarían con las constancias de control de confianza correspondientes. Asimismo, hizo señalamientos sobre el supuesto porte de armas sin los permisos reglamentarios, aspectos que, en su caso, deberán ser investigados y determinados por las autoridades competentes.

Pese al conflicto, Hernández García aseguró que continuará desempeñándose como director de Asuntos Religiosos y destacó los trabajos realizados en el censo de iglesias del municipio, donde afirmó que se ha avanzado en el registro de entre 55 y 71 congregaciones.

También denunció que el espacio que compartía con el área de Educación fue desmantelado bajo el argumento de una remodelación, por lo que actualmente trabaja de manera temporal en otras oficinas municipales.

Finalmente, responsabilizó públicamente al alcalde José Luis Pérez Salinas de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a integrantes de su familia a raíz de los señalamientos realizados y reiteró su petición para que autoridades estatales y federales intervengan en el caso.