Cárcel, los afectados quieren cárcel: El juez Alejandro Quijano modificó la suspensión concedida a Roly Domínguez Romero, líder del cártel inmobiliario
Lo obliga a comparecer en 3 días o deja de surtir efectos su suspensión que le otorgó.
La semana pasada, Alejandro Quijano, juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, concedió una suspensión a Roly Domínguez, señalado como líder del denominado «cártel inmobiliario».
La medida quedó sujeta únicamente al depósito de una garantía de apenas cuatro mil pesos, sin imponerle inicialmente la obligación de comparecer ante el juez que libró la orden de aprehensión.
En términos sencillos, esa determinación habría dejado abierta la posibilidad de que el quejoso abandonara el país sin ponerse a disposición de la autoridad responsable.
La resolución provocó la indignación de decenas de familias que se identifican como víctimas del llamado «cártel inmobiliario». El pasado viernes, como expresión de su inconformidad, se movilizaron y bloquearon ambos sentidos de la avenida Arco Sur.
Ante el creciente descontento social y los cuestionamientos formulados en torno a su actuación, el juez Alejandro Quijano modificó de oficio la suspensión. En un acuerdo posterior, ordenó que Roly Domínguez compareciera ante el juez de la causa dentro del plazo de tres días.
Sin embargo, para los afectados, esta modificación llegó demasiado tarde. Consideran que el nuevo acuerdo constituye una simulación y sospechan que la actuación inicial pudo haber facilitado que el imputado abandonara el país, como algunas versiones ya señalan.
Las víctimas sostienen, además, que cuentan con información relacionada con vínculos entre Roly Domínguez y servidores públicos adscritos al órgano jurisdiccional. Corresponderá a las autoridades competentes investigar esos señalamientos y determinar si existe alguna responsabilidad.
La información y los elementos disponibles serán presentados ante el Tribunal de Disciplina Judicial Federal, para que se investigue con imparcialidad la actuación del juez Alejandro Quijano y de cualquier otro servidor público que pudiera estar involucrado.
Los afectados no piden privilegios: exigen justicia, transparencia y una investigación seria. Ninguna resolución judicial debe convertirse en una puerta para la evasión de la justicia.
