Gobernadora Rocío Nahle propone eliminar fuero procesal para alcaldes y síndicos de Veracruz

* La iniciativa plantea que autoridades municipales puedan enfrentar procesos penales sin requerir previamente la declaración de procedencia del Congreso

* La propuesta de la Mandataria modifica el artículo 78 de la Constitución estatal y mantiene el fuero para otros servidores públicos

* El proyecto establece que seguirán vigentes la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y el debido proceso

Yazmín Hernández

Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2026.- La titular del poder ejecutivo en Veracruz, Rocío Nahle García, propuso eliminar la declaración de procedencia que actualmente requieren los presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y síndicos de Veracruz para enfrentar un proceso penal durante el ejercicio de su cargo.

La iniciativa enviada este jueves al Congreso del Estado plantea reformar el artículo 78 de la Constitución Política de Veracruz, disposición que actualmente incluye a las autoridades municipales entre los servidores públicos contra quienes el Congreso debe determinar si ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante su encargo.

De aprobarse la reforma, las autoridades competentes podrían iniciar acciones penales contra alcaldes, integrantes de concejos municipales y síndicos sin que previamente el Congreso tuviera que emitir una declaración de procedencia.

El proyecto precisa que la eliminación de este requisito no significaría la separación automática del cargo ante una denuncia o investigación penal. Los funcionarios conservarían derechos como la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada y el debido proceso.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal plantea que la autonomía municipal debe mantenerse como una protección institucional y no confundirse con la inmunidad procesal de las personas que ocupan temporalmente cargos de elección popular.

La propuesta contempla retirar este requisito únicamente a las autoridades municipales, por lo que la declaración de procedencia continuaría aplicándose a los demás servidores públicos incluidos en el artículo 78 constitucional.

En caso de ser aprobada por el Congreso local, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Además, se establece un periodo de 60 días naturales para adecuar la legislación secundaria a la nueva disposición.