De una deuda de 270 mil pesos a un reclamo por 2.45 millones; así operaría supuesto “Cartel Inmobiliario”
* Afectados señalan un posible esquema con pagarés, contratos y documentos cuya autenticidad ha sido cuestionada
* Piden investigar la posible participación de funcionarios y particulares
Paco De Luna
Xalapa, Ver., 11 de septiembre de 2026.– Una operación crediticia iniciada en 2019, por un monto cercano a los 270 mil pesos, terminó años después convertida en una disputa judicial por 2 millones 450 mil pesos, en un procedimiento en el que los afectados advierten que se pretende adjudicar un inmueble por debajo de su valor comercial.
El asunto es señalado como parte de una serie de casos atribuidos al abogado Roly Domínguez Romero, quien, de acuerdo con víctimas y litigantes, presuntamente participaría en una estructura que habría utilizado documentos, contratos e instrumentos notariales cuya autenticidad ha sido cuestionada para promover litigios civiles y mercantiles.
De 270 mil a 2.45 millones de pesos
La historia se originó en 2019, cuando la obligación económica se encontraba alrededor de los 270 mil pesos.
Con el transcurso de los años, la cantidad reclamada judicialmente llegó a 2 millones 450 mil pesos, situación que, de acuerdo con los denunciantes, habría permitido llevar el procedimiento hasta una eventual adjudicación del inmueble por una cantidad menor a su valor real de mercado.
Posteriormente, el 7 de marzo de 2023, Roly Domínguez Romero adquirió la cartera mediante una cesión onerosa de derechos litigiosos y de crédito. La operación fue ratificada ante notario y, tres días después, quedó inscrita en el Registro Público.
En ese expediente aparecen como abogados patronos Pedro Damián “N” y Miguel Isaac “N”, quienes actualmente se encuentran detenidos y sujetos a prisión preventiva por investigaciones relacionadas con estos hechos.
El 6 de octubre de 2023 ocurrió una nueva cesión de los derechos vinculados con el adeudo. La operación se efectuó bajo un esquema similar y ante el mismo fedatario, y fue inscrita el 25 de octubre de ese año.
Nuevamente apareció Pedro Damián “N” como representante legal. Los denunciantes sostienen que en esta segunda documentación habría una firma del notario cuya autenticidad ponen en duda, por lo que solicitaron que sea investigada dentro del expediente.
El mismo modo de operar
A partir de este y otros procedimientos, los afectados comenzaron a señalar un posible patrón en el que se habrían empleado pagarés, contratos, certificaciones, escrituras y otros documentos presuntamente falsificados para promover juicios y, posteriormente, intentar obtener el control de bienes inmuebles.
Las acusaciones también alcanzan al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Xalapa y Veracruz. De acuerdo con los denunciantes, en esas oficinas pudieron haberse inscrito documentos cuya validez actualmente es cuestionada.
A las posibles irregularidades registrales se suman señalamientos contra integrantes del Poder Judicial, a quienes los afectados atribuyen haber permitido que determinados procedimientos continuaran hasta alcanzar etapas relacionadas con adjudicaciones inmobiliarias.
Dentro de las acusaciones son mencionados Patricia Aburto Córdoba, jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Xalapa, y el juez Leopoldo Toss Capistrán.
También figuran los magistrados Jonathan Cortés Vargas y Violeta Condado Zagada, además de Juana Martínez Espinosa, a quien los denunciantes identifican como una presunta intermediaria.
Más de un centenar de casos
Las víctimas afirman que el problema podría abarcar por lo menos 150 expedientes de los últimos ocho años, principalmente en Xalapa, Coatepec, Alto Lucero, Actopan, Rafael Lucio, Jilotepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan y Córdoba.
Según los afectados, algunos de esos procedimientos habrían terminado en lanzamientos, desalojos o pérdida de propiedades, entre ellas ranchos, fincas, casas y residencias.
Antonio Selem, uno de los representantes de los agraviados, sostiene que tan solo Miguel Isaac “N” aparece vinculado con más de 50 expedientes, ya sea como representante legal, demandante, tenedor de pagarés o supuesto beneficiario final de inmuebles.
Detenciones y proceso judicial
La investigación también derivó en detenciones. Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N” fueron imputados y quedaron sujetos a prisión preventiva después de una audiencia realizada en Pacho Viejo.
Posteriormente, se ejecutó una tercera orden de aprehensión contra Jese Miguel “N”, investigado por los delitos de fraude y fraude procesal.
Durante su audiencia inicial, Jese Miguel “N” recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, mientras que el 14 de septiembre fue establecido como fecha para continuar con el proceso judicial.
Buscan localizar a Roly Domínguez
El 9 de septiembre se anunció además una recompensa de 350 mil pesos para quien proporcione información que contribuya a localizar a Roly Domínguez Romero, quien permanece como uno de los principales señalados dentro de las investigaciones.
Mientras el caso avanza en las instancias correspondientes, los afectados han reclamado que las indagatorias no se limiten a los abogados que ya fueron detenidos.
Solicitan que se determine si existió participación o responsabilidad de funcionarios públicos, actuarios, peritos, jueces y notarios que pudieran haber intervenido en los procedimientos cuestionados.
