Justicia federal ordenó reactivar hipoteca de 40.6 millones sobre La Concordia

* El Coliseo permaneció bajo control del municipio mientras continuaba la controversia legal

Manuela V. Carmona

Orizaba, Ver., 8 de septiembre de 2026.- La situación jurídica del Coliseo La Concordia volvió a quedar bajo escrutinio luego de que la justicia federal ordenó reinscribir una hipoteca por 40 millones 677 mil pesos y restituir el grado de prelación original del gravamen.

La determinación correspondió al juicio de amparo indirecto 908/2021 y estableció que el Juzgado Segundo de Primera Instancia y el Registro Público de la Propiedad de Orizaba debían realizar las anotaciones necesarias para restituir el derecho hipotecario constituido a favor del empresario Roberto Cruz Carrera.

El fallo no ordenó por sí mismo el desalojo, remate o entrega del inmueble al acreedor, ni estableció que el Ayuntamiento de Orizaba debiera pagar directamente los más de 40 millones de pesos. Sin embargo, reconoció nuevamente la garantía hipotecaria y la prioridad que tenía antes de su cancelación, por lo que mantuvo vigentes los derechos del acreedor sobre el recinto.

El conflicto tenía antecedentes de varios años relacionados con adeudos, operaciones de compraventa y procedimientos judiciales en torno a la propiedad de La Concordia. También incluía acciones emprendidas por el Ayuntamiento por deudas del impuesto predial y reclamos de acreedores.

Mediante un comunicado difundido el 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Orizaba, encabezado por Hugo Chahín Kuri, sostuvo que el Coliseo La Concordia era propiedad legítima del municipio. Además, afirmó que la resolución federal correspondía a un procedimiento administrativo ante el Registro Público de la Propiedad y no imponía una obligación de pago a las arcas municipales.

No obstante, la resolución estableció que el gravamen debía reinscribirse con su grado de prelación original, por lo que tendría que considerarse en cualquier acto registral relacionado con una eventual traslación de dominio.

El caso también involucraba otros señalamientos económicos, entre ellos un reclamo atribuido a Miguel Martínez Martínez por alrededor de 20 millones de pesos. Este monto y la hipoteca restituida formaban parte de una controversia cuyo alcance debía determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Uno de los procesos pendientes era el juicio especial hipotecario, en el que se definirían los derechos y obligaciones de las partes y las acciones que legalmente pudiera ejercer el acreedor sobre la garantía.

El Ayuntamiento mantenía la posesión y operación del inmueble y sostenía que La Concordia formaba parte del patrimonio municipal, mientras la resolución federal obligaba a restituir el registro hipotecario y abría un nuevo capítulo en la prolongada disputa jurídica por el recinto.