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En Cosamaloapan, cinco responsables de secuestro agravado reciben condena de 180 años de prisión; UECS logra liberación de las víctimas

* Las tres personas fueron rescatadas durante un operativo policial realizado en septiembre de 2024, tras permanecer retenidas en una casa de seguridad

 

Xalapa, Ver., 13 de agosto de 2026.- Como resultado de las acciones de investigación y persecución del delito realizadas del 6 al 12 de agosto para el combate a ilícitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), logró una sentencia condenatoria ejemplar por el delito de secuestro agravado, con una pena de 180 años de prisión para cada uno de los cinco responsables.

La resolución fue dictada en el distrito judicial de Cosamaloapan, donde Ángel Manuel “N”, Pablo “N”, Yael Alberto “N”, Francisco Antonio “N” y Fernando “N” fueron condenados a 180 años de prisión cada uno, al acreditarse plenamente su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las pruebas desahogadas durante el juicio oral 48/2025, los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2024, en la localidad Pachuca, del municipio de Ixmatlahuacan, cuando las tres víctimas, quienes se encontraban realizando su jornada laboral, fueron privadas de la libertad por sujetos armados y trasladadas a una casa de seguridad, donde permanecieron retenidas. Posteriormente, los responsables exigieron el pago de un rescate a cambio de su liberación.

El 2 de septiembre del mismo año, mediante un operativo policial, se logró la liberación de las tres víctimas en el inmueble referido, así como la detención en flagrancia de los ahora sentenciados.

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial, además de imponer las penas privativas de libertad, determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos de los sentenciados.

La Fiscalía General del Estado continuará fortaleciendo las investigaciones para combatir el delito de secuestro en las distintas regiones de Veracruz, priorizando la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la aplicación de la ley contra quienes atenten contra la libertad de las personas.

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