Bélicos y Ardillos tuvieron su auge con Ángel Aguirre; extendieron su control por Guerrero

* Entre 2011 y 2014, los grupos delictivos tuvieron años de bonanza y expansión, sin que el gobierno estatal los detuviera

Guerrero, 13 de agosto del 2026.- Días antes de su detención, Ángel Aguirre Rivero exigía al gobierno federal una Operación Enjambre en Guerrero —por la que se detiene a autoridades municipales vinculadas con grupos delictivos— porque, dijo, la intervención de las organizaciones criminales es “cierta e inocultable”.

Lo que el exgobernador olvidó es que esa “intervención” de las organizaciones criminales en los ayuntamientos de la entidad se arraigó hace 12 años durante su segundo gobierno, entre abril de 2011 y octubre de 2014.

En estos años grupos criminales como Los Bélicos, Los Ardillos y las autodefensas surgieron y se expandieron sin que el gobierno estatal lo impidiera. Incluso, en el caso de las autodefensas lo propició.

Los Bélicos

Cuando Aguirre era gobernador, José Luis Abarca Velázquez era alcalde de Iguala (2012-2014). En esos años empezó a circular en Iguala un grupo armado denominado Los Bélicos, conformado por criminales y policías que, aseguraban, mantenían el orden en la ciudad, pero también desaparecían, asesinaban, extorsionaban y torturaban.

Los Bélicos, que formaban parte de Guerreros Unidos, se movían con toda libertad en Iguala.

Está documentado que la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, era hermana de Mario y Alberto Pineda Villa, operadores financieros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos. Ambos fueron asesinados en 2009.

Pineda Villa fue detenida en noviembre de 2014, acusada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.

La intervención del crimen en Iguala era, como lo dijo Aguirre, “cierta e inocultable”.

La noche del 8 de marzo de 2013 fue asesinado el síndico de Iguala Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, actual senador por Morena.

El 30 de mayo de 2013 fue detenido el dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, junto a otras seis personas que habían encabezado una protesta contra Abarca.

Tres días después, sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala fueron hallados los cadáveres de Hernández Cardona y otras dos personas; los otros cuatro fueron liberados. Posteriormente, uno ellos testificó que Abarca mató a Hernández Cardona.

Actualmente, Abarca cumple una condena de 20 años de prisión por el asesinato de Carvajal Salgado y otra de 92 por el caso de Hernández Cardona y sus compañeros.

Este dominio criminal en Iguala, que creció sin control en el gobierno de Aguirre Rivero, fue el que dio pie a que la noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieran en esa ciudad 43 normalistas.

Los Ardillos

Durante la administración de Aguirre Rivero, el crimen también se empoderó en la región Centro. En 2013, la organización criminal Los Ardillos se extendió más allá de su bastión, la comunidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango.

Actualmente tienen presencia en 12 municipios, entre ellos Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, de acuerdo con informes oficiales. Su control no sólo es territorial, también es político.

Alguien que ha seguido su crecimiento y sus operaciones es el vocero del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro.

¿Cómo han logrado crecer tanto Los Ardillos? Díaz Navarro responde sin titubeos: “Por la operación política de Bernardo Ortega Jiménez, uno de los hermanos de los líderes de Los Ardillos”.

Esa operación política, explica Díaz Navarro, la hizo en 2013, cuando Bernardo Ortega se convirtió en presidente del Congreso de Guerrero.

Cada vez que se le pregunta a Bernardo Ortega por sus hermanos se deslinda de ellos, aunque los cargos electorales que ha ganado siempre han sido en territorios que controlan Los Ardillos.

En el gobierno de Aguirre surgieron los grupos de autodefensa en Guerrero. Hoy muchos son señalados como fachadas de las organizaciones criminales en la entidad.

Aguirre colapsó el sistema de seguridad y justicia comunitario más sólido en ese momento: la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

En sus primeros dos años de gobierno dividió con dinero; generó codicia y después rivalidades en el interior de la CRAC-PC.

En enero de 2013 se anunció la creación de un grupo de autodefensa, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Ayutla, que tenía al frente a Bruno Plácido. Días después, Aguirre se fotografió con ellos y los apoyó con armamento y uniformes. Bajo su amparo el grupo creció en la región.

Después de eso, Guerrero se infestó de grupos de autodefensas, que han sido utilizados para tomar ciudades, desplazar pueblos e imponer toques de queda.

EL UNIVERSAL