Presunta omisión médica tras muerte de 7 paisanos bajo custodia del ICE
LA RAZÓN DE MÉXICO
Ciudad de México, 03 de agosto de 2026.– La muerte del mexicano Prisciliano Trejo, un migrante de 29 años que padecía leucemia y permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), volvió a centrar el debate en las condiciones de atención médica que dominan en los centros de detención migratoria y las denuncias de discriminación contra ciudadanos mexicanos.
Los registros establecen que, de los 19 mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos de arresto del ICE, siete murieron por complicaciones médicas que, de acuerdo con familiares y activistas, no fueron atendidas adecuadamente: problemas respiratorios, paros cardiacos, Alzheimer, cáncer, hepatitis y alcoholismo sin tratar, entre otros padecimientos que aparecen en los reportes de las propias autoridades migratorias.
- El Dato: El embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, interpuso formalmente 20 denuncias penales ante las autoridades locales de 8 estados, el 13 de julio de 2026.
Lo anterior significa que las situaciones de presunta negligencia médica son la principal causa de muerte de los mexicanos que han estado bajo custodia del ICE.
Otras causas son presunto suicido (cinco casos) o heridas infligidas en operativos de detención (cuatro). En tres de los decesos, las causas no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.
Especialistas y organizaciones civiles han advertido que muchas de estas muertes pudieron evitarse y que han sido consecuencia de retrasos en la atención médica, falta de diagnósticos oportunos y barreras de acceso a tratamientos.
El médico Jhonthan Mcnamara, representante de la organización Migrant Heroes, dijo a La Razón que existen deficiencias estructurales en el sistema de atención sanitaria del ICE, “entre las que destacan la demora en la valoración clínica, la escasez de personal especializado, la falta de seguimiento a enfermedades crónicas y la ausencia de protocolos adecuados para atender emergencias”.
El caso de Prisciliano Trejo, comentó, se ha convertido en uno de los ejemplos más recientes de estas irregularidades. De acuerdo con los reportes, el joven fue detenido en Carolina del Norte y trasladado al centro de detención Stewart, operado por la empresa privada CoreCivic.
“El 6 de julio comenzó a presentar complicaciones de salud y solicitó atención médica; sin embargo, ésta no llegó sino hasta ocho días después, cuando su estado era crítico. Dos días más tarde, las autoridades migratorias se comunicaron con su familia para transferirles la custodia del paciente, quien ya se encontraba en estado de coma. El 24 de julio falleció en un hospital de Georgia”.
Jorley Trejo, hermano de Prisciliano, expuso a La Razón, desde Georgia, que la víctima se encontraba estable antes de ingresar al centro de detención y expresó su desconcierto por el rápido deterioro de su salud. Según el testimonio, su padre y familia han hablado con médicos que aseguran que, como en otros casos, ha habido nula atención médica o retraso, lo que en su caso “pudo haber influido de manera decisiva en el desenlace”.
MINIMIZAN SÍNTOMAS. La muerte de Trejo se suma a una larga lista de casos que involucran a paisanos con complicaciones médicas. “No lo decimos sólo los mexicanos, en realidad lo ven todos acá en este país: los mexicanos constituyen uno de los grupos más vulnerables” dentro del sistema de detención migratoria estadounidense, “no sólo por las barreras del idioma y el acceso limitado a la defensa legal, sino también por la insuficiencia de intérpretes y la escasa comunicación que les dan con los familiares” y agregó que “Yanito —como llamaban de cariño a Prisciliano— no era conflictivo.
Especialistas en derechos humanos señalan que, además de la sobrepoblación en algunos centros, existe una tendencia a minimizar los síntomas reportados por los detenidos, “lo que retrasa la atención y agrava enfermedades que, en muchos casos, podrían tratarse oportunamente”, explicó Yaneth Velázquez, médica voluntaria en Carolina del Norte.
El caso de Prisciliano Trejo, considerado el decimonoveno fallecimiento de un ciudadano mexicano vinculado a la política migratoria estadounidense, ha incrementado la presión sobre las autoridades de ambos países para revisar las condiciones de internamiento y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
“El incremento de muertes bajo custodia del ICE ha alcanzado niveles sin precedentes desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Tan sólo entre 2025 y 2026 se ha documentado un aumento significativo en el número de fallecimientos relacionados con la falta de atención médica y la violencia en los centros de detención, al menos en los casos que nosotros hemos documentado de manera manual a través de los familiares; en el caso de tres mexicanos detenidos, éstos refieren no recibir atención médica, ni física ni humana”, dijo la médico, perteneciente a una ONG.
Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene la exigencia de investigaciones independientes, médicos y defensores de los derechos de los migrantes insisten en que la salud de las personas detenidas no puede depender de su situación migratoria.
“Una enfermedad no distingue nacionalidades ni estatus legal; la atención médica tampoco debería hacerlo”, es la frase que resume la preocupación compartida por especialistas y organizaciones que, una vez más, piden que la muerte de un migrante no se convierta únicamente en una estadística”, dijo la médico activista.
Tras disturbios, despliegan plan de seguridad en centro migrante
| Por Alan Gallegos |
Luego de que la noche del sábado se reportaron disturbios en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM) en la ciudad de Tapachula, Chiapas, fuerzas federales desplegaron un operativo que se prolongó durante la madrugada del domingo.
Los disturbios comenzaron cerca de las 22:00 horas, cuando los migrantes incendiaron colchonetas en los dormitorios para exigir su liberación inmediata, al señalar que son víctimas de abusos sistemáticos e incomunicación.
- El Tip: En 2025, más de 30 mil mexicanos fueron atendidos en los centros de atención para repatriados de Tapachula y Villahermosa, como parte de la estrategia México te Abraza.
El operativo duró aproximadamente dos horas y media, y concluyó hacia las doce y media de la noche.
Como resultado, fueron detenidas dos personas de nacionalidad venezolana, identificados como Henderson “N” y Howard David “N”, a quienes se les trasladó hacia las instalaciones del INM en Tuxtla Gutiérrez, donde serán procesadas para su deportación inmediata.
Por su parte, el INM informó que el orden fue restablecido mediante el diálogo y la coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales. Asimismo, se informó que no se registraron personas lesionadas y en todo momento el instituto privilegió el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.
- 600 mil personas han solicitado asilo en México desde 2019
El activista Luis García Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana AC, acusó al INM de retener por tiempos prolongados a los migrantes, tenerlos incomunicados y sin acceso a una defensa jurídica.
“Hay una opacidad terrible sobre lo que sucede en esta estación migratoria, y hay un clasismo terrible en el tema migratorio”, denunció.
Sostuvo que quienes más sufren los abusos son los migrantes deportados de Estados Unidos, que son entregados a ese organismo en la frontera norte.
“Estos compañeros vienen cansados del ICE, porque está haciendo deportaciones ilegales, y, ¿qué pasa con el ICE mexicano, el Instituto Nacional de Migración? Incluso, los retiene. Pedimos a la opinión pública que abran las puertas de la estación migratoria, haya sido lo que haya sido. Tenemos que saber, como ciudadanos tapachultecos, qué está pasando al interior de esta cárcel migratoria”, expuso el activista.
En la estación migratoria siglo XXI, García Villagrán dijo que los migrantes sufren incomunicación y son obligados a contratar abogados. Estimó que hay 65 mil migrantes varados en la frontera sur, quienes están a la espera de resoluciones positivas o negativas.
Este hecho volvió a encender las alarmas, luego de que un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, causó la muerte de 40 migrantes el 27 de marzo de 2023.
En aquella ocasión, los migrantes habían sido detenidos como parte de un operativo para retirarlos de las calles, donde algunos de ellos estaban viviendo o pedían dinero para mantenerse.
Entre los detenidos había familias completas, pero las mujeres y los niños fueron llevados a un lugar aparte de los hombres. En total, se reportaron 68 hombres quienes, al ser avisados de que iban a ser deportados o enviados a otras estaciones migratorias, comenzaron una protesta para exigir su liberación.
La protesta comenzó con la quema de colchones, lo que derivó en la tragedia en la que murieron personas originarias de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
La mayoría de las víctimas murió por inhalación de humo/asfixia, más que por quemaduras, y uno de los aspectos más polémicos fue que los migrantes permanecieron encerrados mientras el fuego y el humo se propagaban. Videos de seguridad, posteriormente difundidos, mostraron a personal presente en las instalaciones sin abrir la celda.
Hasta la fecha, ninguna persona ha recibido una sentencia firme por dicho incendio y el caso sigue abierto, a tres años del suceso. No obstante, hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad, entre ellos el excomisionado del INM Francisco Garduño.
Representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que no ha habido reparación integral del daño y sentencias para los responsables de este hecho.
Lorena Cano, representante del Instituto de la Mujer Migrante, denunció que las 15 mujeres que se encontraban en la estancia la noche del incendio aún no han sido reconocidas como víctimas, a pesar de que no sólo resultaron lesionadas por la combustión, sino que también padecieron daños psicológicos de los que aún no se recuperan.
Agregó que los familiares de los sobrevivientes tampoco han recibido apoyo económico ni emocional como víctimas indirectas. Algunos no cuentan con empleos estables y viven en situaciones precarias en sus países, mientras han enfrentado problemas de salud que les impiden trabajar, lo cual agrava su condición de vulnerabilidad.
