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Imputan a director de El Buen Tono por presunta detentación de vehículo robado en Córdoba

* Fue detenido el 24 de julio por la Policía Estatal en La Posta, al conducir una unidad con reporte de robo vigente en Puebla

* En la audiencia inicial del proceso penal 393/2026, un juez de control calificó como legal la detención y dictó prisión preventiva justificada

* Omar “N” enfrentaba previamente otro proceso penal relacionado con presuntos delitos de lesiones dolosas y amenazas

De la Redacción

Córdoba, Ver., 28 de julio del 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Regional Córdoba, formuló imputación en contra de Omar “N”, señalado públicamente como director del periódico El Buen Tono, por su presunta responsabilidad en el delito de detentación de vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con la información ministerial, el imputado fue detenido el pasado 24 de julio por elementos de la Policía Estatal sobre el bulevar Tratados de Córdoba, en la colonia La Posta, cuando presuntamente conducía una unidad que, tras ser consultada en las bases de datos oficiales, habría arrojado un reporte de robo vigente en el estado de Puebla.

Durante la audiencia inicial correspondiente al proceso penal 393/2026, un juez de control calificó como legal la detención. Posteriormente, el Ministerio Público realizó la formulación de imputación y la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La continuación de la audiencia fue programada para el próximo 1 de agosto de 2026, fecha en la que se prevé que se determine la situación jurídica del señalado conforme al desarrollo del proceso penal.

Este caso ocurre meses después de que Omar “N” enfrentara otro procedimiento penal por los presuntos delitos de lesiones dolosas y amenazas, relacionados con hechos registrados durante una manifestación en Córdoba. En ese proceso, el señalado llevaba su situación jurídica en libertad bajo medidas cautelares.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones relacionadas con delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía, bajo los principios del debido proceso y respeto a los derechos humanos. Será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad penal del imputado conforme avance el procedimiento.

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