Congreso del Estado votaría en agosto desafuero de alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste

* Las solicitudes contra los ediles de Movimiento Ciudadano serán analizadas por la Comisión Instructora, informó Ramón Díaz

Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., 23 de julio de 2026.- Será a mediados de agosto, cuando el pleno del Congreso del Estado podría votar el desafuero de los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, informó Ramón Díaz Ávila, secretario de la Comisión Instructora.

El legislador del Partido del Trabajo explicó que la celeridad del trámite obedece a la repercusión nacional del caso de una reportera privada de la libertad en Ixhuatlán del Sureste, cuyos restos fueron localizados en Moloacán.

Díaz Ávila aclaró que la comisión aún no conoce los expedientes, por lo que evitó precisar los fundamentos de las solicitudes de juicio de procedencia presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre Bertín Bravo Montero, indicó que la petición estaría relacionada con el hallazgo de restos humanos en Úrsulo Galván, aunque sólo conoce la información difundida públicamente.

Reiteró que la instancia legislativa no puede establecer si los alcaldes son responsables de las acusaciones formuladas por la FGE.

“No somos Fiscalía para decir si tienen culpa o no. Nuestra responsabilidad es revisar lo que declaren y sus respuestas”, señaló.

Una vez recibidos los documentos, la comisión dispondrá de 10 días para analizarlos. Después, los funcionarios o sus abogados podrán comparecer antes de que se emita el dictamen correspondiente.

Por ello, el diputado estimó que el pleno podría votar ambos desafueros a mediados de agosto.

De acuerdo con la carpeta NLC/DXXI/F1/256/2026, la Fiscalía de Nanchital señaló una posible participación del alcalde de Ixhuatlán del Sureste en la privación de la libertad y de la vida de una comunicadora.

Por estos hechos, ocho personas están vinculadas a proceso, entre ellas cuatro policías municipales y el jefe de la corporación, nombrado por el alcalde. Según la investigación, presuntamente brindaban insumos y facilidades logísticas a un grupo delictivo con presencia regional.