Congreso entrega a Sefiplan control de Unidad de Inteligencia y verificentros en Veracruz
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Reforma impulsada por Nahle fue aprobada con 33 votos a favor; oposición acusa concentración de poder
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Morena y PVEM defienden cambios; PAN advierte riesgos en manejo de información financiera
Osiris Muñoz
Xalapa, Ver., 14 de mayo del 2026.- Con 33 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó este jueves reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal para transferir a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) el control de la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal, así como la operación y supervisión de verificentros y concesiones de verificación vehicular.
Las modificaciones, impulsadas por la gobernadora Rocío Nahle García, retiran a la Secretaría de Seguridad Pública las atribuciones relacionadas con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, concentrándolas en una nueva área adscrita a SEFIPLAN.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la dependencia financiera cuenta con capacidades técnicas, tributarias y administrativas para asumir tareas de inteligencia financiera y combate a operaciones vinculadas con actividades ilícitas.
SEFIPLAN controlará verificentros
La reforma también faculta a SEFIPLAN para concesionar, operar, supervisar, sancionar y revocar permisos de verificentros y centros de verificación vehicular en el estado. Además, participará junto con la Secretaría de Medio Ambiente en la elaboración del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.
El documento establece que las concesiones podrán otorgarse hasta por 20 años, con posibilidad de prórroga por un periodo similar, mediante concursos públicos publicados en la Gaceta Oficial del Estado y en periódicos de circulación estatal.
Asimismo, la dependencia podrá proponer tarifas de verificación vehicular, supervisar obligaciones fiscales y administrativas de concesionarios y aplicar sanciones o revocar permisos en caso de incumplimientos.
Los artículos transitorios fijan un plazo de 90 días hábiles para adecuar reglamentos internos y 30 días hábiles para concretar la transferencia de recursos humanos, materiales, presupuestarios y sistemas informáticos relacionados con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Oposición acusa concentración de poder
Durante la discusión, la diputada panista Indira de Jesús Rosales San Román criticó que SEFIPLAN asuma tareas de seguridad e investigación financiera pese a los rezagos administrativos que enfrenta.
“Díganme por favor si el secretario de Finanzas y Planeación de este estado ya también tomó un curso de seguridad, de ciberseguridad”, expresó en tribuna.
La legisladora también cuestionó el traslado de los verificentros desde la Secretaría de Medio Ambiente hacia SEFIPLAN y sostuvo que esos centros fueron creados con fines ambientales y no recaudatorios.
La diputada María Elena Córdoba Molina advirtió que la reforma amplía las capacidades de control de SEFIPLAN sin establecer mecanismos claros de vigilancia y rendición de cuentas.
“Lo preocupante es que nada garantiza que mañana esa información no termine utilizándose para intimidar, perseguir o ejercer presión contra ciudadanos, empresarios o voces críticas”, declaró.
Morena y PVEM defienden la reforma
En contraste, legisladoras de Morena y del Partido Verde respaldaron las modificaciones al asegurar que fortalecerán la coordinación institucional y el combate a operaciones financieras ilícitas.
La diputada morenista Dorheny García Cayetano afirmó que la delincuencia evolucionó hacia mecanismos financieros y patrimoniales que requieren herramientas especializadas.
“Esta reforma no crea burocracia innecesaria ni duplica funciones. Por el contrario, las ordena, las delimita y las fortalece”, sostuvo.
En tanto, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro señaló que la Secretaría de Medio Ambiente conservará las atribuciones técnicas relacionadas con emisiones contaminantes y supervisión ambiental.
Por el Partido Verde, la diputada Estefania Bastida Cuevas aseguró que el traslado de funciones permitirá “cerrar el paso a la delincuencia organizada” mediante especialistas financieros y fiscales, además de garantizar “cero tolerancia a la corrupción” en los verificentros.