¿Quién autorizó su presencia secreta?
La muerte de dos agentes estadounidenses, presuntamente vinculados a la CIA, durante un accidente en las escarpadas barrancas de Chihuahua, ha revivido el viejo debate sobre la participación de personal extranjero en asuntos de seguridad nacional en territorio mexicano.
Según información oficial, uno de los agentes ingresó al país con pasaporte diplomático y el otro en calidad de turista.
Este hecho ha encendido focos rojos sobre la importancia de mantener una estricta transparencia y control en la presencia de agencias extranjeras en México, así como sobre la necesidad de que todas las acciones se realicen dentro del marco legal y con pleno conocimiento de las autoridades federales.
No es la primera vez que ocurre. Históricamente, México ha tenido colaboración con distintas agencias de inteligencia.
Durante su gestión como gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa reconoció haber contratado a agentes israelíes del Mossad para realizar un diagnóstico sobre el modus operandi de los cárteles en la entidad.
Asimismo, el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en 1985, generó una grave crisis diplomática entre México y Estados Unidos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y contundente: su gobierno sí conoce el número de agentes extranjeros acreditados en México.
Sin embargo, por razones de seguridad nacional, no reveló la cifra exacta ni el detalle de sus actividades. La mandataria ha enfatizado que cualquier presencia de este tipo debe seguir los canales institucionales establecidos.
Cabe destacar que, para que elementos de corporaciones policíacas o de inteligencia extranjeras operen en territorio nacional, las embajadas correspondientes deben presentar una solicitud formal ante un comité interinstitucional mexicano integrado por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, y Relaciones Exteriores.
Este mecanismo busca garantizar la soberanía y la coordinación plena entre todos los niveles de gobierno.
De ahí surge la legítima pregunta: ¿por qué la embajada de Estados Unidos no informó oportunamente a las autoridades federales sobre la presencia y actividades de estos dos elementos?
El gobierno de México ha destacado en múltiples ocasiones la buena relación y colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la reciprocidad.
El lamentable accidente en Chihuahua pone de manifiesto la importancia de fortalecer los protocolos de coordinación y evitar que se repitan situaciones que puedan interpretarse como falta de alineación entre los gobiernos.
La presidenta Sheinbaum ha señalado que este caso debe tratarse como una excepción y no como una práctica recurrente, al tiempo que ha pedido las explicaciones correspondientes a través de los canales diplomáticos.
¿Deberá el gobierno federal solicitar una explicación directa y personal al embajador estadounidense Ronald Johnson por la falta de notificación oportuna? ¿O, en aras de preservar la relación estratégica entre ambos países, será preferible cerrar este capítulo una vez esclarecidos los hechos y reforzar los mecanismos de control y acreditación?
