Aprueba Congreso de Veracruz reforma para combatir lavado de dinero
* Actualizan delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
* Amplían conductas sancionables y eliminan vacíos legales
* Penas van de 5 a 15 años de prisión, con agravantes a servidores públicos
Osiris Muñoz
Xalapa, Ver., 16 de abril de 2026.– Con 39 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma al artículo 230 del Código Penal estatal para actualizar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, tiene como propósito armonizar la legislación local con lo establecido en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con lo aprobado, la reforma fortalece el marco legal para investigar y sancionar la incorporación de recursos de origen ilícito al sistema económico formal.
El documento advierte que este delito representa una amenaza para la estabilidad económica, la integridad del sistema financiero y la seguridad pública.
Entre los principales cambios, se amplía el catálogo de conductas que pueden configurar este ilícito, al incluir acciones como custodiar, poseer, convertir, retirar, recibir o transferir recursos de procedencia ilegal.
Asimismo, se elimina el requisito de que la conducta se realice “por cuenta de otra persona”, por lo que ahora se sancionará tanto a quien cometa el delito directamente como a quien participe o auxilie en su ejecución.
La reforma también incorpora sanciones para quienes oculten o encubran el origen, destino o movimiento de los recursos, cuando tengan conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
El texto establece que se considerará que los recursos son de origen ilícito cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen de la comisión de un delito y no se pueda acreditar su procedencia legal.
En materia de sanciones, se mantienen penas de cinco a quince años de prisión, mientras que las multas serán calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En el caso de servidores públicos, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad, además de contemplar destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Congreso local señaló que entidades como Querétaro, Michoacán, Durango y Puebla ya han realizado adecuaciones similares en sus legislaciones.
