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Presentan iniciativa para frenar injerencia política en sindicatos de Veracruz

* Plantea reformas a la Ley Estatal del Servicio Civil y a la Ley de Responsabilidades Administrativas  

* Buscará impedir prácticas como la coacción del voto sindical, la presión jerárquica, el condicionamiento de apoyos laborales, así como el uso de recursos públicos, entre otros

* La propuesta establece que las organizaciones deberán contar con protección contra cualquier acto indebido de personas servidoras públicas

 

Osiris Muñoz
Xalapa, Ver., 9 de abril de 2026.-
El diputado José Reveriano Marín Hernández presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que busca garantizar la autonomía sindical y sancionar cualquier intervención de servidores públicos en la vida interna de estas organizaciones.

La propuesta contempla adicionar el artículo 109 Bis a la Ley Estatal del Servicio Civil, así como el 35 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, con el objetivo de separar el poder político de las instituciones sindicales.

Durante su participación en tribuna, el legislador subrayó que esta reforma pretende consolidar una verdadera democracia sindical.

“Dentro del SNTE prevalece la democracia interna; los líderes y sus seccionales son electos mediante el voto. El reconocimiento a la autonomía sindical no solo protege a los sindicatos, sino a los trabajadores y trabajadoras. El Estado debe ser garante de los derechos que proclaman; por lo tanto, los servidores públicos no pueden ser sus transgresores”, expresó.

Explicó que la propuesta establece que los sindicatos deberán contar con protección contra cualquier acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y procesos internos, incluyendo la elección, reelección o destitución de sus dirigencias.

Asimismo, se plantea que toda intervención indebida sea considerada como falta administrativa grave, sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación estatal vigente.

Entre las conductas que se buscan erradicar destacan la coacción del voto sindical, la presión jerárquica, el condicionamiento de apoyos laborales, así como el uso de recursos públicos, programas sociales o propaganda institucional para favorecer o perjudicar a alguna planilla o dirigencia sindical.

También se incluyen prácticas como ofrecer beneficios laborales a cambio de apoyo político o aplicar represalias contra trabajadores que no respalden determinadas opciones sindicales.

 

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