Mujeres indígenas enfrentan obstáculos para denunciar violencia en Veracruz

• Colectiva señala falta de fiscales, largas distancias y procesos que pueden tardar años

Manuela V. Carmona

Orizaba, Ver., 09 de marzo de 2026.– Para las mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica, denunciar la violencia no solo implica enfrentar a su agresor, sino también a un sistema de justicia lento, distante y con pocos recursos, denunciaron integrantes de Kalli Luz Marina A.C.

En rueda de prensa, señalaron que las mujeres de comunidades serranas enfrentan obstáculos como largas distancias, falta de recursos económicos y escasa presencia de autoridades especializadas.

“Los procesos pueden tardar hasta tres años y muchas mujeres terminan desistiendo porque no pueden sostenerlos”, advirtieron.

Indicaron que en el distrito judicial de Zongolica solo existen dos fiscales para atender delitos contra mujeres, feminicidios, violencia familiar y trata de personas, lo que resulta insuficiente para una región con decenas de comunidades.

Además, muchas diligencias periciales deben realizarse en Orizaba, lo que incrementa los gastos para las víctimas.

La organización informó que en 2025 atendió a 110 mujeres víctimas de violencia, de las cuales 42 iniciaron procesos legales por delitos como violencia familiar, abuso sexual y violación; sin embargo, solo cuatro carpetas de investigación fueron judicializadas.

De acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, en 2025 se registraron 73 feminicidios y 105 homicidios de mujeres en el estado, mientras que en 2026 ya suman al menos 15 asesinatos.

Además, Veracruz encabeza las cifras de mujeres desaparecidas, con 7 mil 753 casos en 2025 y al menos 34 desapariciones en lo que va del año.

Ante este panorama, la organización impulsa la red de mujeres indígenas defensoras de derechos humanos para fortalecer el conocimiento de sus derechos y su participación en sus comunidades.

Durante el pronunciamiento también manifestaron su respaldo al movimiento en defensa del humedal El Chirimoyo, al denunciar que activistas han sido reprimidos e incluso una mujer defensora fue detenida por policías municipales sin cargos.

“Los derechos de las mujeres también implican el derecho a un medio ambiente sano”, señalaron.