Ayuntamiento de Enrique Galindo privatiza acceso a la salud en SLP
* El gobierno municipal de San Luis Potosí cerró el servicio médico a miles de trabajadores municipales y a sus familias, y lo trasladó a la empresa privada Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, lo derivó en el despido de doctores y enfermeras
El Heraldo de México
México, 06 de febrero de 2026.- Sin licitación pública o autorización del Cabildo, ni el monto de la operación y duración del contrato, el gobierno municipal de San Luis Potosí, que preside Enrique Galindo Ceballos, cerró el servicio médico a miles de trabajadores municipales y a sus familias, y lo trasladó a la empresa privada Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, lo derivó en el despido de doctores y enfermeras.
En una visita a lo que fue la sede de los Servicios Médicos de la administración de Galindo, se pudo constatar que únicamente opera el área de incapacidades médicas y una farmacia prácticamente vacía en sus anaqueles.
El escaso personal que queda en el lugar informó que el 90 por ciento de los 100 doctores, enfermeras y empleados del servicio, de manera abrupta fueron despedidos.
La fuente consultada en el lugar que pidió el anonimato para evitar represalias laborales, criticó la decisión del presidente municipal de privatizar el servicio en favor de una familia copropietaria del Hospital de Especialidades Médicas de Salud que también poseen medios de comunicación, lo que aseguró despierta sospechas por tratarse de un año de inicio de proceso electoral.
Añadió miles de expedientes clínicos se han dañado o perdido durante la migración al servicio privado, por lo que impera el caos en la planta baja de la torre médica del Hospital de Especialidades, a donde fueron enviados los pacientes, pues sus diagnósticos ahora tienen que replantearse y las recetas u órdenes de especialidad que emitieron los médicos despedidos no son reconocidas.
Regidores de oposición en el Cabildo manifestaron que recién se enteraron del cierre de los servicios médicos, y que nunca fueron convocados a sesión de comisión edilicia, por lo que se pronunciaron porque el Instituto de Fiscalización Superior del Estado inicie una investigación para corroborar la legalidad en la privatización.
