Vocero de la Diócesis de Orizaba pide que revisión de recursos públicos se haga conforme a la ley

* El padre Helkyn Enríquez Báez destacó que la fiscalización de cuentas municipales corresponde exclusivamente a las contralorías y órganos de control

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Orizaba, Ver., 24 de enero del 2026.- Frente a los señalamientos por presuntas irregularidades financieras detectadas por administraciones municipales entrantes, el vocero de la Diócesis de Orizaba, padre Helkyn Enríquez Báez, señaló que la revisión del manejo de los recursos públicos corresponde exclusivamente a los órganos de fiscalización y contralorías, conforme a lo establecido en la ley.

El representante de la Iglesia católica recordó que el análisis de las cuentas públicas municipales forma parte de los mecanismos ordinarios de vigilancia del gasto, cuyo propósito es garantizar el desarrollo adecuado de los municipios y la correcta aplicación del presupuesto.

Enríquez Báez puntualizó que estos procesos no deben resolverse a partir de señalamientos públicos, sino mediante las instancias especializadas encargadas de auditar y dictaminar el uso de los recursos.

“Para esto hay un órgano de regulación, una contraloría, y es a ellos a quienes les compete verificar que todo se haya dado conforme a la ley. Revisar las cuentas de los ayuntamientos es una cuestión estipulada para el desarrollo de los municipios y para la vigilancia de la acción económica”, afirmó.

Explicó que, una vez realizadas las revisiones, corresponde a dichas instancias emitir los dictámenes técnicos y, en caso de detectarse inconsistencias, activar los procedimientos legales establecidos, sin presiones ni intervenciones externas.

El vocero diocesano subrayó que, aunque la sociedad y distintos sectores pueden manifestar inquietudes o expectativas, no tienen atribuciones para intervenir directamente en los procesos de fiscalización, los cuales deben conducirse con autonomía y responsabilidad.

Desde la visión de la Iglesia, agregó, existe una expectativa legítima de que los entes fiscalizadores actúen con transparencia y rigor, especialmente en un escenario donde han aumentado las denuncias por posibles desvíos de recursos públicos.

En el contexto actual, diversas autoridades municipales entrantes han advertido presuntas anomalías heredadas por administraciones anteriores, lo que ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto público en los municipios.