Exigen investigación por presunto saqueo al patrimonio vehicular y de maquinaria en Mixtla de Altamirano

* Señalan a la administración saliente por una subasta opaca de bienes municipales en operación

* Alcaldesa electa acusa grave daño patrimonial y exige transparencia en el proceso

* Diputada local habría avalado el remate con respaldo del Congreso del Estado

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Mixtla de Altamirano, Ver., 23 de diciembre de 2025.– La administración municipal saliente de Mixtla de Altamirano se encuentra en el centro de una grave controversia por la presunta enajenación irregular de al menos 13 unidades del parque vehicular y maquinaria del ayuntamiento, mediante un remate calificado por autoridades comunitarias y por la próxima administración como “amañado” y carente de transparencia.

De acuerdo con acusaciones presentadas por agentes municipales, autoridades auxiliares y habitantes, durante los últimos días de gestión se habría llevado a cabo una subasta de bienes muebles municipales sin la debida publicidad, documentación oficial ni actas de Cabildo visibles que respalden el procedimiento.

Los bienes enajenados, entre los que se incluyen camionetas, motocicletas, herramientas y una retroexcavadora, presuntamente se encontraban en condiciones operativas, pero fueron catalogados como “chatarra” y vendidos a precios muy por debajo de su valor de mercado.

Destaca el caso de una camioneta Ford Ranger Raptor 4×4 modelo 2023-2024, valuada en más de un millón de pesos, que habría sido rematada en aproximadamente 60 mil pesos.

De acuerdo con los denunciantes, dicha unidad había sido reportada como robada en marzo de 2024 y “extrañamente reapareció” en el listado de bienes subastados.

Las acusaciones señalan directamente a la presidenta municipal saliente, Norma Esthela Hernández Sánchez; al síndico, Agustín Cuahua; y a la regidora, Edith Hernández Cano, a quienes se atribuye la autorización de la baja y venta de las unidades. Asimismo, se menciona una presunta complicidad de la diputada local del Partido del Trabajo, Dulce María Hernández Tepole, quien habría tenido conocimiento y aval del proceso, mismo que contó con respaldo formal del Congreso del Estado.

Ante estos hechos, la alcaldesa electa, Celia García Rodríguez, se pronunció públicamente para exigir una explicación a la legisladora y denunciar el severo daño patrimonial que, afirmó, se heredará al municipio.

A través de redes sociales, García Rodríguez expresó: “Cuando tienen el respaldo del Congreso y buenos padrinos políticos pueden hacer lo que les da su gana con los bienes del municipio… nos están dejando sin nada”. Subrayó que la pérdida de activos como la retroexcavadora y las camionetas representa un obstáculo grave para la ejecución de obras y la prestación de servicios, ya que su reposición implicaría una inversión millonaria para la nueva administración.

Los inconformes sostienen que nunca se hizo pública la lista completa de bienes, la fecha exacta del remate ni los criterios de avalúo, pese a que el procedimiento fue publicado en la Gaceta Oficial. Además, señalan que no existe claridad sobre el destino de los recursos obtenidos por las ventas.

Denuncian que, en un proceso sin difusión adecuada, familiares y personas cercanas a los ediles habrían adquirido los vehículos a precios irrisorios, que oscilaron entre los tres mil y los sesenta mil pesos.

Ante esta situación, autoridades comunitarias y ciudadanos anunciaron que interpondrán denuncias formales ante las instancias correspondientes, incluido el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), con el fin de exigir una investigación exhaustiva, el deslinde de responsabilidades y la posible recuperación del patrimonio municipal.