Transportistas y sector agro logran acuerdos con el Gobierno federal tras un mes de movilizaciones

* Se reforzará la vigilancia en carreteras federales y se atenderán denuncias por extorsión a operadores

* La SICT se comprometió a regularizar licencias, placas y verificaciones antes de finalizar el año

* Agricultores accederán a esquemas de pignoración para asegurar ingresos sin perder sus cosechas

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Orizaba, Ver., 20 de diciembre del 2025.- Después de casi un mes de reuniones, bloqueos y movilizaciones en diversas carreteras del país, los sectores del transporte de carga y el agro registraron avances importantes en sus principales demandas, tras alcanzar acuerdos con el Gobierno de México, informaron sus representantes.

En entrevista, David Estévez Gamboa, dirigente de la Unión Nacional Transportista AC (ANTAC), señaló que uno de los temas prioritarios abordados fue la inseguridad en las carreteras federales, problemática que afecta tanto a los operadores del transporte de carga como a la población en general. Destacó el compromiso de las autoridades federales de reforzar la vigilancia y la atención en los tramos de mayor riesgo.

El líder transportista denunció además prácticas irregulares por parte de algunas corporaciones estatales, las cuales —dijo— instalan retenes y realizan revisiones indebidas para extorsionar a los conductores. Indicó que los casos más graves se concentran en puntos como San Blas, Nayarit, y San Roberto, Nuevo León, donde los operadores son retenidos en presuntas “casas de seguridad” hasta que realizan pagos ilegales.

Otro de los puntos abordados fue el deterioro de la infraestructura carretera, situación que atribuyó al abandono acumulado durante los últimos dos sexenios. Aunque reconoció que la rehabilitación de la red vial será un proceso gradual, subrayó la urgencia de iniciar acciones concretas para reducir riesgos y accidentes.

En el ámbito administrativo, Estévez Gamboa mencionó los retrasos en la expedición de licencias federales, certificados de emisiones contaminantes, verificaciones físico-mecánicas y placas, derivados de la falta de materiales. No obstante, aseguró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se comprometió a regularizar dichos trámites antes de que concluya el año.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la instalación de cámaras de videovigilancia en tramos carreteros sin señalización, las cuales serán monitoreadas a través de los sistemas C4 y C5, así como la clausura de aproximadamente 680 accesos irregulares, programada para antes del 31 de diciembre.

En lo referente al sector agropecuario, el dirigente informó que se acordó reponer parte de la inversión realizada por los productores, reconociendo la relevancia del campo frente a intereses industriales. Asimismo, se establecieron mesas técnicas para analizar la pignoración de granos como frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya, además de definir mecanismos de acopio de maíz y frijol en coordinación con la Secretaría de Alimentación para el Bienestar.

Estos acuerdos se concretaron tras la desactivación de los bloqueos anunciados para el 18 de diciembre, luego de diversas mesas de diálogo celebradas en la Ciudad de México con autoridades de las secretarías de Agricultura, Hacienda, Economía y Alimentación para el Bienestar, así como representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Si bien los productores no obtuvieron los precios de garantía inicialmente planteados, destacaron que los acuerdos representan un avance significativo, al permitir asegurar ingresos mínimos mediante esquemas de pignoración sin perder la propiedad de sus cosechas. El Estado asumirá los costos financieros y de almacenamiento, otorgando un plazo de hasta seis meses para la comercialización de los productos en mejores condiciones.

Finalmente, Estévez Gamboa rechazó que el movimiento tenga fines políticos y afirmó que su objetivo es la defensa de los sectores más vulnerables. Anunció también la creación de grupos jurídicos dentro de ANTAC para atender asuntos legales de los operadores, supervisar el acceso a la seguridad social y prevenir abusos laborales. Agregó que otros sectores, como el de la salud y colectivos de madres buscadoras, han manifestado interés en sumarse a esta iniciativa social, con miras a conformar una confederación más amplia. “Esto apenas comienza”, concluyó.