Denuncian Irregularidades administrativas y presunto tráfico de Influencias en la SEMSyS

* Ambiente laboral inestable, por el clima de confrontación que ahí se vive cotidianamente, siendo los empleados los más afectados

* Se reportan conductas de desobediencia, medidas restrictivas a visitantes y escoltas personales del titular

Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., 07 de noviembre del2025.- La Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), encabezada por David Agustín Jiménez Rojas, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, ahora por presuntas irregularidades administrativas, conflictos internos y posible tráfico de influencias, en el que su titular sería el principal protagonista.

De acuerdo con una denuncia anónima, los quejosos solicitan la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García debido al insoportable ambiente que se vive en esa dependencia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), marcado por un clima de confrontación que afecta principalmente a los empleados.

Según la denuncia, la situación en la SEMSyS se derivó de actitudes de rebeldía de su titular hacia la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinoza, lo que ha generado un clima institucional inestable.

Entre las conductas señaladas destacan: desobediencia sistemática a convocatorias e indicaciones de sus superiores; implementación de medidas restrictivas para audiencias, incluyendo la confiscación de teléfonos celulares a visitantes; uso constante de al menos dos escoltas durante sus actividades; actitudes descritas como “despóticas y retadoras” hacia su jefa inmediata; y presunto tráfico de influencias mediante vínculos con políticos de la región de Coatzacoalcos para consolidar su posición en la SEV.

Según la denuncia, el subsecretario presume públicamente ser “amigo íntimo” del alcalde electo de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, relación que supuestamente utilizaría para ejercer presión sobre decisiones administrativas, evadir supervisión y rendición de cuentas, y fortalecer una red de protección política que le permitiría actuar con impunidad y consolidar su posición dentro de la estructura educativa estatal.

Esta vinculación política, añade la denuncia, podría configurar un posible caso de tráfico de influencias que afectaría la autonomía técnica de la Subsecretaría y la correcta aplicación de recursos públicos, incluyendo contrataciones cuestionadas.