Veracruz enfrenta una crisis de violencia sexual pese a avances legales: activistas

* El estado ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de este delito, según datos oficiales

* Mujeres y niñas enfrentan revictimización y obstáculos en instituciones médicas y judiciales

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Orizaba, Ver., 31 de octubre del 2025.- Detrás de las cifras oficiales, Veracruz enfrenta una profunda crisis de violencia sexual que, según activistas, permanece silenciada por la indiferencia y las fallas estructurales del propio sistema de justicia y salud. El estado ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de este delito, reflejo no solo de la gravedad del problema, sino también de la incapacidad institucional para atender a las víctimas.

De acuerdo con Adriana López, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, el drama no radica únicamente en el número de agresiones, sino en la revictimización que enfrentan las mujeres al buscar ayuda.

“Se topan con puertas cerradas, con prejuicios y con trámites que desalientan la denuncia. Muchas terminan desistiendo, sintiéndose solas y desprotegidas”, afirmó.

La activista subrayó que la mayoría de los ataques no ocurren en la calle, sino dentro del hogar o en el entorno más cercano. Padres, tíos, abuelos o conocidos son, en muchos casos, los agresores.

“El mito del desconocido en la oscuridad ha desviado la mirada de la verdadera raíz del problema: la violencia doméstica y la impunidad familiar”, denunció.

López también evidenció la ignorancia y resistencia del personal médico ante la aplicación de la NOM-046, norma que garantiza el acceso al aborto legal para víctimas de violación sin necesidad de denuncia previa ni autorización judicial. En la práctica, explicó, muchas mujeres —especialmente menores de edad— enfrentan requisitos ilegales que retrasan o impiden el servicio.

“Se les exige acompañamiento de padres o una denuncia, cuando la ley no lo contempla. Esa falta de información vulnera sus derechos y las empuja a buscar salidas fuera del sistema de salud, poniendo en riesgo su vida”, explicó.

Finalmente, señaló que esta situación se repite en otros estados como Jalisco, lo que demuestra que la negativa o demora en el acceso a la interrupción del embarazo persiste a pesar de que la ley es clara y de carácter federal.

“El problema no es la ley, sino la falta de voluntad para aplicarla. Garantizar el acceso a estos servicios no es un debate moral, es una cuestión de dignidad y de vida. Negarle a una sobreviviente de violación el derecho a decidir es condenarla al abandono y al silencio”, concluyó.