Poza Rica, entre el lodo y las deudas

El pasado 10 de octubre, la zona norte de nuestro estado vivió una inundación sin precedentes. El desbordamiento del río Cazones arrasó con todo lo que encontró a su paso, ocasionando en muchos casos la pérdida total del patrimonio de las familias afectadas.

La tragedia ocurrió a temprana hora, cuando muchos aún descansaban en un sueño del que ya no despertaron, casi al despuntar el alba. Y si bien es cierto que lo más grave de las pérdidas no son los bienes materiales, sino las vidas que se extinguieron en esos hechos, también es verdad que para los sobrevivientes los días posteriores no han sido nada fáciles.

Primero, debieron poner a salvo sus vidas y las de sus familias; después, buscar entre los escombros de lo que un día fue su hogar aquello que pudiera rescatarse. Luego vino el conteo de daños, la necesidad de hacer planes, de reconstruir… pero antes que nada, de limpiar: terminar con el lodo y la basura arrastrada por la fuerza de la naturaleza. Un evento sin precedentes e inesperado para muchos, que no imaginaron verse privados de sus bienes, de su casa, de sus muebles e incluso de sus fuentes de empleo de un día para otro.

Más allá de lo mucho o poco que se haya dicho sobre la reconstrucción, las ayudas, los censos y la colaboración humanitaria que han recibido los sobrevivientes de las zonas y municipios afectados —porque no fue Poza Rica el único lugar donde esto sucedió—, queda en el aire una pregunta: ¿qué va a pasar con las deudas y los créditos de quienes lo perdieron todo?

La duda surge porque no se ha dado a conocer ningún plan de apoyo o medida clara sobre cómo atenderán los bancos, financieras y demás acreedores los casos de las personas que, como usuarias de servicios financieros o créditos, no podrán continuar cumpliendo puntualmente con sus pagos.

En el entendido de que, si se trata de créditos hipotecarios, seguramente operarán los seguros, surgen nuevas interrogantes: ¿cómo tramitar o hacer válidos dichos seguros si los documentos se perdieron en la inundación? ¿Ante quién se debe acudir si también las sucursales u oficinas receptoras fueron destruidas?

Cabe recordar que todos los reportes deben realizarse dentro de un plazo establecido en los contratos, algo casi imposible en estas circunstancias, pues es impensable que alguien conserve a la mano documentos de esa naturaleza.

Por ahora no fluye información financiera sobre el tema, mucho menos respecto al reconocimiento de la imposibilidad de pago por parte de los deudores. Y es válido preguntarse: ¿cuándo hemos visto verdadera solidaridad de los bancos? No aquella de discurso o de “ayuda” simulada, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando los apoyos resultaron, como dice el dicho, “peor el remedio que la enfermedad”.

A pesar de la tregua de pago concedida en ese entonces a los cuentahabientes y acreditados, al final se les aplicó un “interés COVID”, incluso con IVA, cuya legalidad fue ampliamente cuestionada, pues no estaba prevista ni conceptualizada en ninguna norma. Dicho interés se aplicó por el simple hecho de haber aceptado la “ayuda” del banco, lo que solo aumentó las deudas. Y para colmo, el plazo fue tan corto que venció cuando el país seguía paralizado y la economía aún no se reactivaba.

Ojalá que esta vez no nos salgan, en medio de la tragedia —o para completarla—, con que no habrá condonaciones, treguas ni plazos adecuados para las obligaciones de pago que quedarán pendientes, mientras las familias tratan de sacar el lodo y rescatar lo poco que el agua no se llevó.

También habrá que esperar a que se recupere el empleo y la economía local, ya de por sí muy golpeada, vuelva a levantarse.

¡Dios nos socorra!, para que sea pronto; porque, a como vamos, no se ve para cuándo.

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