CEDH investiga presunta coacción de fiscal contra mujer indígena en Zongolica

* La denuncia señala que fue obligada a entregar a su nieto sin orden judicial; el caso ya fue remitido a Xalapa

Manuela V. Carmona/ corresponsal en Orizaba y municipios de las Altas Montañas

Zongolica, Ver., 13 de octubre del 2025.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, a través de su Delegación Étnica con sede en Zongolica, investiga una denuncia presentada contra la Fiscal Segunda Especializada de esa demarcación, señalada por presunta coacción e intimidación en perjuicio de una mujer indígena, a quien habría obligado a entregar a su nieto menor de edad sin contar con orden judicial.

De acuerdo con el delegado étnico, Jácome Norberto Lara García, la queja fue presentada por Martha Elena Hernández Olivares, quien denunció que, durante una comparecencia ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre, fue presionada para entregar al niño de apenas dos años y medio a su madre biológica, sin que existiera un procedimiento civil de custodia.

“La señora acudió sin abogado, porque no había cometido delito alguno. Sin embargo, la fiscal abusó de su autoridad y la coaccionó a firmar documentos para entregar al menor”, expuso Lara García.

El caso fue registrado con el número de expediente ZON 379/2025 y ya fue remitido a las oficinas centrales de la CEDH en Xalapa. La Unidad de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes será la encargada de requerir un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) y determinar si existió violación a derechos humanos.

El funcionario explicó que el procedimiento legal correcto en estos casos debió realizarse ante un juzgado civil, nunca por instrucción directa del Ministerio Público. Además, subrayó que si la ciudadana no contaba con recursos para contratar un abogado, la fiscal tenía la obligación de detener la diligencia y asignarle un defensor público.

“No se le debió dejar sola; la autoridad ministerial debió garantizarle su derecho a una defensa adecuada”, insistió.

Finalmente, Lara García lamentó que en regiones indígenas aún se presenten actos arbitrarios y decisiones fuera del marco legal.

“Desafortunadamente, todavía existen prácticas que vulneran los derechos de las mujeres y de los menores. La ley debe aplicarse con justicia y respeto, sin distinción alguna”, concluyó.